- El Ayuntamiento de Beriáin ha llegado a un acuerdo con Caja Rural que le permitirá saldar la deuda que mantiene con la entidad financiera y que se eleva a cinco millones de euros. Una cifra que supera con creces el presupuesto municipal de un año y el litigio, que viene coleando desde hace casi una década, supone el mayor quebradero de cabeza para el Consistorio. El pacto consiste en que el Ayuntamiento asume el pago de la urbanización de los terrenos donde Caja Rural tiene opción de construir más de 200 viviendas, y que supone 2,5 millones. A cambio, se cancela la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la entidad. Se trata de una doble operación beneficiosa para el Consistorio puesto que paralelamente se ha negociado con el Gobierno foral la reconversión de una parcela dotacional inmersa en la misma unidad (US-1) de 7.412 metros cuadrados para uso residencial. Un sector residencial donde también se contemplan alrededor de 19.000 metros cuadrados de zonas verdes. El trazado de aceras e infraestructuras para transformar los terrenos en solares era una actuación que correspondía a Caja Rural. El Ayuntamiento podía exigir además la ejecución de las obras de urbanización de toda la unidad al haber transcurrido el tiempo legalmente establecido. Tras más de un año de negociación liderada por el alcalde Juan Manuel Menéndez (Adelante Beriáin) el acuerdo fue presentado y avalado ayer por el resto de grupos municipales en comisión de urbanismo, según expuso el primer edil. Una propuesta que está pendiente de ratificar por el pleno. "En Beriáin hay una necesidad de vivienda social que se ha demostrado en las últimas encuestas, más de 750 solicitudes. Hemos negociado con Nasuvinsa la posibilidad de ceder suelo para construir vivienda social pero necesitan que esté la urbanización acabada, y no tenemos otro suelo preparado. El espacio dotacional que nos correspondía por cesiones en la unidad propiedad de Caja Rural (ampliación de la US-1) reúne las características necesarias para albergar vivienda protegida, además de suponer una mejora en la conexión urbanística con el resto de la trama urbana", señaló. "Consideramos que es un buen acuerdo para los vecinos de Beriáin que pone fin a la deuda y genera vivienda social en terrenos que en su momento fueron del Ayuntamiento", subrayó. Un suelo que Caja Rural, destaca el primer edil, obtuvo por 600.000 euros "a precio de subasta" al quebrar la sociedad pública y que estaban tasados en cuatro millones de euros (suelo urbanizable). "Caja Rural se quedó con los terrenos y, además, reclamaba los cuatro millones", dijo.

El conflicto se remonta a 2010. El Ayuntamiento de Beriáin, a través de la promotora Morelucea, promovió la construcción de 115 VPO y otras 115 viviendas libres en el solar de las antiguas Cocheras, cuya primera fase se llevó a cabo. La sociedad pidió un préstamo a Caja Rural para financiar las obras (cambió vivienda libre por VPO en la segunda fase) por valor de 3,9 millones de euros (que son los que la entidad reclama al Ayuntamiento) pero más de 50 viviendas y alrededor de cien plazas de aparcamiento quedaron sin vender. En la operación el Ayuntamiento presentó como aval bancario unos solares adyacentes de su propiedad con capacidad para levantar otras 200 viviendas más, terrenos que fueron tasados por un valor de 4 millones. Ya en 2014 Caja Rural presentó una demanda contra el Consistorio por el crédito de los cuatro millones que le otorgó para que la empresa municipal pudiera acabar las obras de la segunda fase. El Ayuntamiento puso como garantía los terrenos rústicos que iban a pasar a ser urbanizables con el fin de que la entidad construyera finalmente la tercera fase de viviendas y cubriera así el valor del préstamo. Sin embargo, la entidad exigió otro aval al Ayuntamiento durante el periodo transitorio en el que los terrenos pasaron a ser recalificados. Y fue ese segundo aval el que hizo valer Caja Rural después, es decir, exigió la devolución de los 3,9 millones al no interesarle hacer las viviendas. Dichos terrenos fueron adquiridos posteriormente por 600.000 euros por Caja Rural al entrar Morelucea en concurso de acreedores, explicó el primer edil. El asunto llegó hasta el Supremo que dio la razón a Caja Rural por lo que el Consistorio adeudaba 3,9 millones, en realidad cinco con los intereses y costas. Las obras de urbanización deben finalizarse antes del 31 de diciembre de 2023. El Ayuntamiento aprobará un convenio urbanístico para dar cobertura al acuerdo.