Juicio en Pamplona por la contaminación del río Aragón atribuida a la macrogranja de Caparroso

El Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona celebra este martes el juicio por la presunta contaminación del río Aragón, atribuida a la actividad de la macrogranja de Caparroso, gestionada por la empresa Valle de Odieta. El caso se remonta a febrero de 2021, cuando se produjo un vertido de digestato —residuo resultante de la biometanización de los purines— en parcelas agrícolas cercanas a las instalaciones, que habría generado escorrentías de gran impacto ambiental.

Los vertidos, denunciados entonces por colectivos ecologistas, podrían haber afectado a barrancos de la zona y alcanzar incluso el espacio protegido ZEC de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, hábitat de especies en peligro de extinción como el visón europeo, varias especies de murciélagos o el galápago europeo. También se señala la posible afección al entorno del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales.

En el banquillo se sientan cinco miembros del consejo de dirección de Valle de Odieta en aquel momento. La Fiscalía, sin embargo, solo acusa a dos, a quienes imputa un delito contra el medio ambiente por imprudencia grave, solicitando para ellos penas de cuatro meses y medio de prisión, ocho meses de multa (20 euros diarios) e inhabilitación para actividades ganaderas.

Acusación de grupos ecologistas

Las acusaciones populares, ejercidas por la Fundación Sustrai Erakuntza y Greenpeace, amplían la acusación a todos los integrantes del consejo de dirección y elevan la petición de pena hasta los tres años de cárcel. En la vista están previstas las declaraciones de las personas acusadas, agentes del Guarderío de Medio Ambiente, Policía Foral, Guardia Civil y Confederación Hidrográfica del Ebro, además de peritos y propietarios de fincas afectadas.

Coincidiendo con el inicio del juicio estas organizaciones se han concentrado en el Palacio de Justicia encabezados por una pancarta en la que se leía 'STOP ganadería industrial. No nos callarán'.

Los colectivos ecologistas insisten en que el caso "no es un episodio aislado", sino un reflejo de un modelo ganadero industrial que consideran insostenible. Denuncian la extensión de la contaminación por nitratos en Navarra, que en julio obligó al Gobierno foral a ampliar de cuatro a doce las zonas declaradas vulnerables. Además, critican que el Ejecutivo navarro no se haya personado en la causa.

“Estamos ante un modelo ganadero con fuertes impactos medioambientales, de salud y sociales”, señalan, reclamando al Gobierno una implicación efectiva en la defensa del territorio y una apuesta decidida por sistemas agroecológicos frente a la ganadería industrial.

Al respecto, Lorea Flores, portavoz de la Plataforma y coordinadora de Greenpeace en Navarra, ha reprochado al Ejecutivo que "lejos de corregirse, sigue apuntalando el modelo ganadero industrial con inadmisibles consecuencias en la salud, en la calidad del medio ambiente y en el tejido ganadero local".