La escuela de Barásoain, epicentro educativo del valle de la Valdorba, llevó su voz hace unos días al Parlamento de Navarra a través de una representación de la comunidad educativa del Colegio Público Martín de Azpilcueta integrada por familias, profesorado y autoridades locales, para reclamar que el centro sea reconocido oficialmente como colegio comarcal de referencia para los pueblos de la Valdorba. La portavoz del grupo, Nora Lecumberri, recordó que esta petición lleva tiempo sobre la mesa, cuenta con el apoyo de seis ayuntamientos de la zona y explicó a los parlamentarios que la actual distribución del mapa escolar obliga a muchos niños y niñas del valle a desplazarse hasta Tafalla, pese a que sus rutas diarias pasan por Barásoain. “Estamos hablando de 22 kilómetros de trayecto cada día cuando existe una escuela pública en el propio valle, con espacio y recursos para acogerlos”.
En ese contexto, las familias sostienen que la comarcalización del colegio permitiría fomentar la cohesión social, fijar población en el medio rural y garantizar un acceso equitativo a la educación pública, evitando que las distancias y los costes del transporte agraven la despoblación en la comarca. “Queremos una escuela viva, cercana y sostenible. No pedimos privilegios, sino coherencia y voluntad política”, reclamó la portavoz.
Sin embargo, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha rechazado la propuesta argumentando problemas de espacio en el edificio actual: harían falta un aula de apoyo adicional, una biblioteca ampliada y un comedor y cocina de mayores dimensiones. Una explicación que la comunidad educativa considera “poco ajustada a la realidad” y “falta de perspectiva rural”. “Si hay que invertir, que se invierta. Pero no dejemos morir una escuela que da vida al valle”, insistieron los representantes de Barásoain.
Apoyo parlamentario
Durante la sesión parlamentaria, la mayoría de los grupos políticos mostraron su apoyo a la petición. Desde EH Bildu, Eneka Maiz consideró que los argumentos técnicos del departamento “no son de peso” y abogó por realizar “un análisis más flexible, adaptado al entorno rural”. Miren Itxaso Soto (Geroa Bai) coincidió en que “no hay motivo para un no por el no” y propuso alternativas como mantener el servicio de comedor mediante una línea caliente, sin necesidad de instalar cocina propia.
Carlos Guzmán (Contigo Zurekin) subrayó que la comarcalización “ayudaría a vertebrar el territorio y reducir desplazamientos innecesarios”, mientras que Pedro José González (UPN) calificó los problemas de espacio como “fácilmente subsanables” y pidió al Departamento “una justificación más sólida de su negativa”.
Solo el PSN, a través de su parlamentario Kevin Lucero, defendió la posición del Departamento, señalando que la decisión “no es un no por el no”, sino una conclusión técnica basada en la falta de espacio actual. Aun así, Lucero animó a la comunidad educativa a “seguir trabajando de la mano del Gobierno” y reconoció “la buena salud democrática” que demuestra su movilización.
La sesión concluyó con un ambiente de empatía y reconocimiento hacia la comunidad de la Valdorba. Entre aplausos, Lecumberri pidió a los grupos parlamentarios que “remaran todos en la misma dirección” y visitaran el centro de Barásoain. “Una escuela comarcal no es solo una cuestión educativa —dijo—, es una apuesta por el futuro de nuestros pueblos”.
El origen
El conflicto se remonta a 2024, cuando el nuevo mapa escolar del Gobierno de Navarra volvió a excluir a Barásoain como centro comarcal, decisión que la APYMA recurrió formalmente. Educación argumentó entonces que el colegio “no cumple con los requisitos mínimos de espacio”, especialmente en comedor y aulas de apoyo. Pero las familias discrepan: aseguran que el edificio ya ha acogido en el pasado a más de 140 alumnos con las instalaciones actuales y que el informe técnico del Departamento contiene errores y falta de transparencia.
Tras varias peticiones sin respuesta, los representantes del centro se reunieron en enero de 2025 con el Director de Inspección Educativa, quien les instó a solicitar los informes técnicos oficiales. Al no recibirlos, la APYMA acudió al Defensor del Pueblo, que inició una mediación con el Departamento de Educación para esclarecer los criterios de la negativa.
