El juzgado de lo social ha declarado “nulo” el despido de la exgerente de Cultura de Tudela, Amaya Pérez Zardoya, que realizó el Ayuntamiento de Tudela en junio de 2024 porque considera probado que se realizó “con un factor discriminatorio como es la enfermedad”, por lo que condena al Consistorio, que preside el alcalde Alejandro Toquero y que hizo efectivo el despido, a que “readmita a la demandante en iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido” y abone los salarios que dejó de percibir, salvo en el período en el que cobró subsidio por estar de baja.

Igualmente condena al Consistorio a indemnizar los “daños y perjuicios” de carácter moral que se le causaron por valor de 25.000 euros a lo que habría que sumarle el pago e 147,82 euros diarios desde el día siguiente a su despido en que dejó de percibir el salario. Si bien el juzgado estima esta reclamación, no lo hace con tras reivindicaciones que realizó en el juicio como haber sido víctima de “hostigamiento” ante lo que el Ayuntamiento estuvo “pasivo”.

La ex gerente de Cultura, Amaya Pérez Zardoya, cogió la baja el 16 diciembre de 2023 por un “estado de ansiedad” que se prolongó en el tiempo y, según la sentencia, el pasado junio de 2025 se le denegó la “incapacidad permanente”.

La concejala de Cultura, Iciar Les ha afirmado que el Ayuntamiento de Tudela va a recurrir la sentencia y ha señalado que “respetamos y acatamos todas las sentencias”, al tiempo que ha destacado el trabajo de “todo el personal de Cultura”, algo importante ya que una de las razones que llevó al despido de la anterior gerente fue su mala relación con los trabajadores y trabajadoras de esta concejalía que dirigía como cargo de “alta dirección”.

Condena al Consistorio a indemnizar los “daños y perjuicios” de carácter moral que se le causaron por valor de 25.000 euros a lo que habría que sumarle el pago e 147,82 euros diarios desde el día siguiente a su despido

Despido nulo

La sentencia destaca en varias de las justificaciones que el Consistorio no ha probado que detrás de su despido haya otras razones que no sea su ausencia prolongada de una baja, algo que llama la atención ya que las quejas de sindicatos, partidos, medios de comunicación y artistas fueron constantes sobre su gestión, sin embargo el Ayuntamiento no empleó ninguna de estas sentencias ni evidencias como prueba de despido. Es más, la defensa, ha empleado la llamada de teléfono que realizó el alcalde Toquero a la ex concejala Merche Añón, que ha actuado como testigo, en la que el primer edil le dijo que “ya no tenía su confianza y que les había dejado tirados”. Una conversación que se llevó a cabo cuando Añón ya no era la titular de Cultura.

En este sentido, el 26 de marzo de 2024 se le entregó la notificación del Consistorio en el que se le comunicaba que “habiendo perdido la confianza con la persona nombrada, debido al desapego y falta de relaciones con sus superiores al no haberse puesto a disposición para reorganizar el trabajo tras la reincorporación de la baja de larga duración que ha tenido” se resolvía el contrato en el plazo de tres meses (como marcaban los estatutos).

La defensa del Consistorio no aporta “los mínimos elemento acreditativos de cualquier tipo de incumplimiento” de la exgerente, por lo que ante la ausencia de justificaciones “nos hallamos ante un despido sin causa, injustificado y fraudulento”.

Por este motivo, en su resolución el tribunal estima que la defensa del Consistorio no ha aportado “los mínimos elemento acreditativos de cualquier tipo de incumplimiento” de la exgerente en su cargo, por lo que ante la ausencia de otras justificaciones “nos hallamos ante un despido sin causa empresarial, injustificado y fraudulento”. Toman como válido que el despido ha sido por causa de la enfermedad y dan como prueba clave la llamada de Toquero a Añón “vinculando dicha decisión exclusivamente a la situación de baja médica prolongada, considerando esta justificativa de la pérdida de confianza”.

La concejala actual de Cultura, Iciar Les, pidió por escrito el 6 de marzo de 2024 a la ex gerente las llaves del despacho, ya que no se podía acceder al mismo desde su baja el 16 de diciembre de 2023, si bien no las entregó hasta el 14 de junio de 2024, cuando se hizo efectivo el despido. El 30 de junio se dio a conocer el nombre de la nueva gerente de Cultura.

Polémicas

Hay que recordar que la anterior gerente y denunciante, se convirtió en el centro de las polémicas y críticas contra el equipo de gobierno entre 2019 y 2023 por su gestión y trato dado a trabajadores y artistas, algo que, según ella denunció, fue una campaña de “acoso laboral y hostigamiento con la firme intención de que abandonase su puesto, constituyéndose como cabeza de turco para la crítica de la gestión municipal, por parte de la oposición y sindicatos”. Según narraba ella misma “ejercía una actividad empresarial referente en la cultura, gestión cultural y patrimonio durante más de 11 años, hasta que fue seleccionada para ocupar el puesto de directora-gerente de Cultura. Desde su punto de vista, “la actividad cultural ha sido sustancialmente superior a la existente con anterioridad a que estuviera en el cargo”.

La anterior gerente y denunciante, se convirtió en el centro de polémicas y críticas contra el equipo de gobierno entre 2019 y 2023 por su gestión y trato a trabajadores y artistas, algo que denunció, fue una campaña de “acoso laboral y hostigamiento

Las polémicas y problemas que creó en Cultura y al equipo de gobierno fueron numerosas, hasta el extremo de que nunca había existido tan mal ambiente entre trabajadores y responsables. Entre 2019 y 2023 el festival Avant Garde, toda una referencia de arte urbano a nivel nacional e internacional se clausuró después de 7 ediciones, desaparecieron las Jornadas de la Espiritualidad que se trasladaron a Zaragoza tras 8 ediciones y se negaron o redujeron ayudas a proyectos como el festival de arte efímero DesAdarve. También fue polémico el trato otorgado al Grupo de teatro del IES Valle del Ebro, que se vio en la necesidad de solicitar ayuda económica a la ciudadanía para sacar adelante su obra La cena de los generales. A todo ello hay que sumar denuncias como la presentada por más de 20 artistas que criticaron el trato recibido por parte de la concejala y la gerente de Tudela Cultura o acciones de censura al euskera en la cartelería que supusieron un cargo adicional al presupuesto.

Denuncias de trabajadores y trabajadoras

Junto a todas estas polémicas también el área se hubo de enfrentar a numerosas denuncias laborales por el trato que recibían trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos definieron la situación como “clima laboral tóxico”, lo que se tradujo en que 3 trabajadoras de una oficina de 4 miembros estuvieran recibiendo atención médica y baja laboral por causas directamente relacionadas con su trabajo. El Instituto de Salud Pública de Navarra lo recogió en un informe donde corroboraba las denuncias y recomendó “cambios importantes de organización para evitar la exposición a riesgos psicosociales en el trabajo” lo que le llevó a UPN a acusar al ISPLN de “trabajar al dictado del PSN”. La situación fue denunciada por la Junta de Personal y todos los sindicatos y la oposición y UPN y la exgerente les acusó de orquestar una campaña de “mentiras y odio”. La sentencia ganada por las trabajadoras señalaba que se había acreditado “la existencia de daño moral” y se hablaba de “actuación negligente” y de hecho se habló de que las trabajadoras estaban expuestas a “daños psicosociales en el trabajo”.

La actuación de la exgerente fue denunciada por Junta de Personal, sindicatos y oposición y UPN les acusó de orquestar una campaña de “mentiras y odio”. La sentencia ganada por las trabajadoras señalaba acreditado “daño moral” y “actuación negligente”

Pero esta gestión también tuvo repercusión en las arcas municipales ya que supuso una merma del presupuesto. Por una parte se renunció a una ayuda foral de 65.000€ para mejoras en el Teatro Gaztambide en 2022 y por otra, se impidió a la Biblioteca de Tudela presentarse a un concurso con un premio valorado en 12.000 €, al tiempo que Toquero censuró temas y escritores que iban a participar en unas jornadas organizadas por la Biblioteca. A ello hay que sumar otros 15.000€ a los que las arcas del Ayuntamiento tuvieron que hacer frente como consecuencia de las denuncias por irregularidades en contrataciones, sentencias contra Tudela Cultura por mala gestión y daños morales a empleadas o las condenas al Ayuntamiento por despidos improcedentes.

Toquero firmó la renovación de Amaya Pérez Zardoya el 20 de mayo de 2023 como personal de alta dirección hasta el 11 de junio de 2027, ya que se realizan por la duración de las legislaturas, para firmar su cese nueve meses después de hacer el contrato.

Sin responsabilidades

En su declaración la exgerente se presenta más como técnico que como alta directiva, para lo que se contrató, y afrima el tribunal que era “una relación laboral ordinaria”. Pérez Zardoya se exime de algunas decisiones sobre las trabajadoras de Cultura, si bien los estatutos de Castel Ruiz señalan entre las labores de la gerencia: Desarrollar la estructura organizativa y de personal; La jefatura superior de todos los servicios, obras y dependencias, asumiendo la dirección, el impulso y la inspección así como contratar al personal y determinar su retribución”.

Renovación del contrato

Pese a todas las polémicas que existían y que la concejala de Cultura iba a ser una persona diferente, Toquero firmó la renovación de Amaya Pérez Zardoya el 20 de mayo de 2023 como personal de alta dirección hasta el 11 de junio de 2027, ya que se realizan por la duración de las legislaturas, para firmar su cese nueve meses después de hacer el contrato.

En sus reivindicaciones en el juicio, la exgerente señalaba que la ex concejala Merche Añón había activado el protocolo de acoso, si bien se manifiesta en la sentencia que “no se ha acreditado la existencia de actuaciones de acoso a los que se alude. No se han aportado indicios de vulneración de derechos fundamentales” por lo que se desestima esta pretensión. Ella había aportado noticias de periódicos, notas de prensa y publicaciones en las que se había cuestionado su gestión con los que “se había generad un daño en su estado de salud” y señalaba que el Ayuntamiento y Castel Ruiz había estado “pasivo”.