La gerente de Cultura e Tudela, Amaya Pérez Zardoya, readmitida en su puesto tras una sentencia que declaró su despido como "nulo", ha acusado al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y a la que fuera concejala de Cultura, Merche Añón, de ser los responsables del “clima tóxico” que denunciaron trabajadoras y sindicatos que se vivía en la entidad ya que ella “no actuaba con plena autonomía y libertad” y era “una trabajadora con funciones escasas” que se dedicaba a acatar las órdenes que le daban. Así lo aseguró su abogado, Alejandro Aldea Castiella, en una rueda de prensa en la que habló en nombre de ella y donde aseguró que su vuelta al trabajo se retrasará hasta finales de febrero ya que así lo ha pedido el Ayuntamiento de Tudela.
Su abogado, dándole voz a ella que no compareció, pidió que “se le deje trabajar” y que cese el “señalamiento y hostigamiento público” al que se le está sometiendo y aseguró que la sentencia se ha interpretado “de una manera sesgada y parcial por motivaciones políticas”, si bien no se ha dado ninguna información que no se hubiera dicho ya.
El abogado de Amaya Pérez aseguró que ella “no actuaba con plena autonomía y libertad” y que era “una trabajadora con funciones escasas” que se dedicaba a acatar las órdenes que le daban
"Clima tóxico"
Aldea aseguro que “se le ha atribuido generar un clima tóxico cuando en realidad ha sido vivida por todas las personas que formaban parte de la EPEL” incluida ella que no era sino “una trabajadora más”. A su juicio la sentencia afirma que “no ha actuado con plena autonomía y libertad en el ejercicio de sus funciones” y recordó que “la concejala (Merche Añón) admitió que todas las resoluciones habían sido adoptadas por ella o por el alcalde”. Hay que recordar que la concejala acudió como testigo de la defensa de Amaya Pérez Zardoya y que pasó toda la responsabilidad de las acciones de Pérez Zardoya al Ayuntamiento.
El abogado añadió que “nunca ha tenido facultad de decisión en la EPEL. Era una trabajadora con funciones escasas de gerencia. Todas las directrices de las decisiones que se adoptaban en la entidad venían impartidas por el alcalde y por la presidencia de la entidad”. Es decir, que las polémicas y problemas de Cultura entre 2019 y 2023 fueron todas responsabilidad de Toquero y Añón (aunque en algunos casos los artistas o afectados apuntaron directamente a Pérez Zardoya), entre otras estarían el mal ambiente entre trabajadores y responsables (algo nunca vivido si bien la normativa interna tiene años y que acabó con 3 de las 4 trabajadoras de baja), la desaparición del Avant Garde tras 7 ediciones (una referencia de arte urbano a nivel nacional e internacional), de las Jornadas de la Espiritualidad que se trasladaron a Zaragoza tras 8 ediciones, del DesAdarve, el trato otorgado al Grupo de teatro del IES Valle del Ebro (que se vio en la necesidad de solicitar ayuda económica a la ciudadanía para sacar adelante su obra La cena de los generales), las denuncias de más de 20 artistas que criticaron el trato recibido por parte de la concejala y la gerente de Tudela Cultura o acciones de censura al euskera en la cartelería que supusieron un cargo adicional al presupuesto.
Alejandro Aldea aseguró que en el juicio no se aportaron pruebas para justificar el despido porque “para aportarlas hay que tenerlas. No hay ninguna resolución en que se atribuya a ella ninguna responsabilidad"
Marco normativo
Su abogado hizo hincapié en que ella no tenía ninguna capacidad de decisión a nivel de gestión interna y que todo “obedece a un marco normativo. Todo lo que se le ha atribuido se ha de atribuir a quienes son los máximos responsables. Flaco favor han hecho a una trabajadora a la que han venido criticando y que ha derivado en una situación de incapacidad y baja médica. El malestar de los subordinados tiene su origen en normativa municipal sobre la que ella no tiene ninguna responsabilidad”. En este sentido hay que recordar las declaraciones de todos los sindicatos de los empleados municipales que no se dirigían solo contra Pérez Zardoya “toda esta situación tiene su origen en la gestión de la gerente de la EPEL, cargo de libre designación impuesto por el equipo de gobierno de Navarra Suma, y en las directrices políticas de la concejalía ya que, anteriormente, nunca se habían dado circunstancias tan nefastas y de tanto calado en lo referente a la deficiente gestión interna del servicio y de sus profesionales”.
Alejandro Aldea aseguró que en el juicio no se aportaron pruebas para justificar el despido porque “para aportarlas hay que tenerlas. No hay ninguna resolución en que se atribuya a ella ninguna responsabilidad. Si no hay pruebas no se pueden aportar”. A este respecto, desde Navarra Suma se acusó al ISPN de trabajar al “dictado del PSN” porque elaboró un informe en el que se señalaba que uno de los problemas de Cultura era un “grave problema de comunicación” entre los trabajadores y trabajadoras y gerencia, produciéndose en ocasiones “críticas y desvalorización del trabajo realizado”, por lo que proponía al Consistorio la creación de la figura del Coordinador de Cultura “que puede ser un buen nexo de unión entre dirección y plantilla por su rol de mando intermedio”.
El ISPN elaboró un informe en el que se señalaba que uno de los problemas de Cultura era un “grave problema de comunicación” entre los trabajadores y trabajadoras y gerencia, produciéndose en ocasiones “críticas y desvalorización del trabajo realizado”.
En febrero
Con todo ello apuntó que desconocen aún cuándo va a volver al trabajo, aunque ya está dada de alta si bien señaló que la última fecha dada por el Consistorio es finales de febrero, para que se pueda llevar a efecto el cese de la actual gerente, Amaya Zardoya y añadió que su defendida solo pide “que se le permita trabajar. Que todas aquellas ingerencias externas deben abstenerse de hacer un señalamiento público”.
