Andacelay, "opaca, poco transparente y con escaso control público" en Egüés

Era una empresa "opaca, poco transparente, que contaba con muy poca documentación y escaso control público", tal y como se ha recordado hoy en la vista oral del juicio contra el exalcalde de Egüés, Alfonso Etxeberria (ahora concejal de Geroa Bai), por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. También está implicado presuntamente un informático, vecino del valle, por recuperar los datos de un ordenador propiedad de la Sociedad Pública Andacelay y que utilizaba la ya exedil de UPN, Carolina Potau.

Tras las declaraciones ayer de los acusados y de la acusación particular (Josetxo Andía, exalcalde y expresidente de la citada sociedad; Carolina Potau, secretaria, consejera y apoderada de la misma; y Estefanía Clavero, concejala de UPN), entre otros, este jueves les ha tocado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra y en calidad de testigos a una decena de concejales y concejalas que ejercieron su labor durante esos años (Potau se hizo cargo de la contabilidad de Andacelay hasta su dimisión y la expulsión de su partido en 2011). También han declarado Helio Robleda, que fue presidente de Comptos de 2010 a 2016 e Ignacio Cabeza, auditor hasta 2018.

Los informes de la Cámara (sobre la gestión de las sociedades públicas del Ayuntamiento del Valle de Egüés de 2004 a 2012), revelan que el Ayuntamiento cedió gratuitamente a la sociedad, presidida por el alcalde (entonces Josetxo Andía), una serie de parcelas municipales para la promoción de viviendas protegidas. Dicha sociedad pública creó, a su vez, dos empresas mixtas con el mismo socio privado para promover y construir viviendas en esas parcelas, que Andacelay vendió a las empresas mixtas. Entre otras irregularidades, destacan que, en un proceso de contratación, el propio representante de la empresa privada Nasipa actúa como presidente del órgano de contratación que adjudica a dicha empresa la construcción de viviendas. También hay algún proyecto técnico sobre promoción de viviendas contratado con anterioridad a iniciar el proceso selectivo y detecta, además, que tanto Andacelay como Nasipa emitieron facturas "sin que conste que respondan a un gasto ejecutado o a un servicio prestado". Dichas facturas suman 1,7 millones.

Señalan retribuciones recibidas por Potau incompatibles con su condición de concejala con dedicación exclusiva, y compra de participaciones preferentes por parte de Andacelay, que supusieron una pérdida de 65.000 euros a las arcas municipales y llevaron a juicio a Andía, en esta ocasión como acusado.

Y es que de aquellos polvos, estos lodos. Porque lo que vino a revelar el ordenador de Andacelay que utilizaba Potau, según esgrime la Defensa, son fotografías y documentos que atestiguan relaciones entre los políticos y las empresas adjudicatarias. "Irregularidades" que precisamente por serlo se llevaron al juzgado de Aoiz cuando la causa estaba abierta, y no se incluyeron como pruebas "al existir la denuncia que ha dado origen a este proceso", que previsiblemente concluya mañana. Lo que se juzga es si fue legal o no el modo de conseguir esos documentos, y si hubo, o no, descubrimiento y revelación de secretos.

La vista culminará, antes de las concluisones, con la declaración de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, que acudirá en calidad de testigo tras haber sustituido a Carolina Potau como secretaria en Andacelay, sociedad que por cierto comenzó a funcionar correctamente tras la dimisión de la exedil de UPN, a partir de 2012, como corrobora la propia cámara de Comptos.