Alfonso Etxeberria: "Nunca quisimos vulnerar la intimidad de nadie"

Potau fue concejala en el Ayuntamiento del Valle de Egüés desde 2003 hasta 2011, momento en el que dimitió y fue expulsada de su partido. Fue también consejera, apoderada y secretaria de la Sociedad Pública Andacelay S.L. -que se dedica a la promoción y construcción de vivienda en el valle- y desde el año 2007 llevaba la contabilidad, para lo cual hizo uso de un ordenador que, al cesar en su cargo en 2011, devolvió a la sociedad. En su escrito de acusación esgrime que lo hizo "tras eliminar las carpetas personales que nada tenían que ver con la sociedad ni con la actividad desarrollada en ella".

El propio Etxeberria asumió entonces la presidencia de Andacelay, y meses después fue elegido por la corporación municipal como nuevo alcalde del Valle -tras la dimisión de Josetxo Andía (UPN)- y se encontró con el ordenador "vacío. En el ordenador no había absolutamente nada y no encontramos datos de la gestión ni ningún tipo de documento de la sociedad", ha relatado, incidiendo en el "desmadre" y el "montón de irregularidades" que existían en Andacelay. Ha criticado que Fermín Elizalde, que sustituyó a Potau en la contabilidad tras ser designado por Andía, le daba la información que reclamaba "a cuentagotas y de malas maneras. Nunca me explicó el funcionamiento de la contabilidad".

Según ha relatado, ya en 2013, Etxeberria decidió llevar el citado ordenador "a una persona de confianza", miembro de la comisión de investigación que por aquél entonces se estaba llevando a cabo para esclarecer la gestión de Andacelay. "Era mi responsabilidad y lo hice para realizar una buena gestión", ha dicho. El informático ha reconocido haber ejecutado un programa de recuperación de archivos en el ordenador "para encontrar documentos de la sociedad, no fotos, y mucho menos personales". Lo que encontraron, al parecer, fueron unas fotografías de Carolina Potau que demostraban la relación de varios políticos (también de su compañera de partido Estefanía Clavero y del exalcalde Josetxo Andía) con representantes de varias empresas adjudicatarias de proyectos de vivienda en el valle, además de documentación relativa a las empresas Nasipa, Laranzor y Gesport.

Precisamente durante esos años el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Aoiz mantenía abierta una causa contra Potau, Clavero y Andía por presuntas "irregularidades", causa que actualmente se encuentra archivada. "Era información que podía ser importante para el proceso abierto en Aoiz, yo entendí que era muy relevante y por eso la trasladé al resto de miembros de la junta de Andacelay, en la que estaban representados todos los partidos menos UPN".

Se decidió primero en el consejo de administración de Andacelay y después en el pleno (en 2013, con los votos a favor de todos los grupos excepto de UPN), llevar esos archivos a los juzgados. "Si se quisiera vulnerar y hacer daño no se habría llevado allí", ha valorado Etxeberria, que ha remarcado que, al buscar en el ordenador, "no salió nada de la propia sociedad, que es lo que tendría que salir en un ordenador público".

Ha explicado que se hizo firmar a los consejeros de la sociedad (concejales y concejalas) que quisieron acceder a la información encontrada en el ordenador "un documento de confidencialidad, para actuar con prudencia y sin vulnerar la intimidad de nadie". Todos los partidos de la oposición convocaron después una rueda de prensa "para trasladar a la opinión pública lo que era público, fue una decisión que repasaron los servicios jurídicos del Ayuntamiento y no se entró en detalles sobre las fotos. No ha habido nunca intención de vulnerar la intimidad de nadie. La intencionalidad, el dolo a mí y a mi compañero, no ha existido nunca".

Etxeberria ha reiterado que "en ningún momento hemos querido acceder a ninguna información personal. Nos la encontramos en el ordenador y cuando te encuentras algo así hay muchas maneras de gestionarlo, si hubiéramos querido hacer daño la habríamos filtrado y lo que hicimos fue llevarla al juzgado. Igual hicimos algo mal, pero nunca con intencionalidad, no quisimos vulnerar la intimidad de nadie".

La fiscalía pide para Etxeberria 4 años y 3 meses de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta, y para el informático 2 años y 6 meses de prisión y 5.400 euros de multa por un delito de descubrimiento de secretos o revelación de secretos por funcionario público. Según ha declarado Potau, que ante preguntas de la Defensa no ha recordado bien los cargos exactos que mantuvo en Andacelay (apoderada o secretaria o las dos cosas), "el ordenador tenía un servidor central y cada empleado tenía un terminal con una parte pública y otra privada. Borré los documentos personales en el momento de dimitir y la contabilidad estaba en el ordenador. Le entregué a Elizalde la contabilidad y archivadores con facturas y documentación".

El contenido de las fotos

Ha asegurado no recordar si aportó un dossier parcial o completo con los archivos que encontraron en su ordenador a la hora de realizar la denuncia en la Guardia Civil, y aunque desde la Defensa han tratado de preguntarle por el contenido de esas fotografías, que consideran públicas porque en ellas aparecen personas públicas en lugares públicos y "destapan" relaciones aparentemente profesionales con adjudicatarios de empresas, no ha sido posible, extremo que ha llevado a la abogada de la Defensa a emitir numerosas quejas en este sentido: "Lo relevante no son las fotos, si no su contenido", ha dicho. El juez ha respondido que los hecho imputables "son los de los encausados (la revelación de secretos). No se está juzgando el hecho de lo que haya hecho Potau". La exconcejala de UPN, que también ha respondido a alguna pregunta con un "han pasado 11 años y no me acuerdo", ha defendido que borró esas fotos "porque eran privadas, personales, y no quería que las viera nadie".

Andía (exalcalde del Valle y presidente de Andacelay hasta 2011), ha asegurado que "no hubo problemas para que Andacelay continuara con su actividad" con Alfonso Etxeberria a la cabeza, que "las cuentas de 2011 y 2012 estaban auditadas" y que "en la comisión de investigación estaba toda la documentación física, menos la contable, que estaba en el ordenador". Ha valorado que la rueda de prensa se llevó a cabo "para hacer daño personal" y asegura haber dimitido "por la presión mediática a la que fui sometido y el daño a nivel personal, familiar, social y político". También Clavero (que fue concejala de UPN de 2003 a 2015 y consejera de Andacelay de 2009 a 2012) ha coincidido en que lo sucedido fue "un perjuicio público para todos y para todo UPN, en Egüés y como partido, a todos los niveles porque tuvo muchísima repercusión política.

Este miércoles, desde casi las diez de la mañana y hasta pasadas las cuatro y media de la tarde, también han declarado Fermín Elizalde (asesor contable en la Sociedad Pública en 2011 y 2012, después de Potau); y Jesús Monteano, secretario del Ayuntamiento desde el año 92 hasta el 2015, que ha reconocido no haber encontrado información sobre Andacelay cuando le tocó afrontar las peticiones que realizaba la comisión de investigación que hubo desde 2011 en el Ayuntamiento, algo que calificó como "una carga de trabajo terrible, más que enorme". Tras las declaraciones de los acusados y de la acusación particular, la vista oral hoy será para cerca de una decena de concejales y concejalas del Ayuntamiento, que acudirán en calidad de testigos.

Mañana le toca declarar a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya que fue secretaria de la Sociedad Andacelay tras Carolina Potau.