Olaechea: "El fin era el trasladar un centro educativo y eso condicionó la ordenación de un solar; no fue al revés y aquí el orden importa"
"Es de interés general el apoyo a centros educativos pero siempre que se realice en igualdad de oportunidades, la administración pública ha asumido un elevado riesgo"
El Gobierno se comprometió a pagar sin saber el resultado de la venta de parcelas y sacrificando reserva de VPO
PAMPLONA. La presidenta de la Cámara de Comptos, Asun Olaechea, ha manifestado este martes, en relación a la operación urbanística de Salesianos, que financiar el traslado de un centro educativo "no es urbanismo" y ha señalado que "por que se haya hecho en miles de operaciones y aunque haya obtenido beneficios esto no debe ser el objeto del urbanismo". Ha defendido así "utilizar el urbanismo para fines de ordenación territorial con una perspectiva global garantizando reservas de suelo público".
Olaechea, que ha comparecido en el Parlamento de Navarra a petición de Izquierda-Ezkerra para presentar un informe de Comptos sobre este asunto, ha indicado que "lo que se cuestiona es el fin de la operación, que aunque mejore la ciudad, no es el fin en sí mismo, ya que el fin era el traslado de un centro educativo y eso condicionó la ordenación de un solar; no fue al revés y aquí el orden importa".
La presidenta de Comptos, que ha hecho un relato cronológico de la operación, ha señalado que "es de interés general el apoyo a centros educativos pero siempre que se realice en igualdad de oportunidades para todos los centros docentes y no condicione otras actuaciones de interés general como ha sido la eliminación de reserva en materia de vivienda protegida".
Según ha indicado, "la actuación urbanística concreta ha sido posibilitada a través de la modificación de la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo". Y ha señalado que "no es el marco adecuado en el contexto de la ley de Presupuestos modificar la ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo".
En cuanto al resultado económico provisional de la operación, "garantiza el precio mínimo a la congregación (26,4 millones), que dispone de una nueva ubicación y financiación para la construcción del centro, ya comenzada". Y ha indicado que Nasuvinsa ha obtenido unas plusvalías provisionales de 4,2 millones que deben revertir en política pública de vivienda.
Ha destacado Olaechea "los riesgos de una operación condicionada a la venta de parcelas y al compromiso de un precio mínimo a pagar a la congregación", "unos riesgos" que "se han ido modulando". Por lo que ha señalado que se trata de "una operación urbanística para financiar el traslado y la construcción de un centro educativo, asumiendo la administración pública un elevado riesgo".
La parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha señalado que "el informe de Comptos ratifica lo que habíamos advertido en esta tremenda operación urbanística, en la que el Gobierno de Navarra ha actuado como especulador". "Es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer porque la gestión urbanística debe estar para cumplir sus fines en función del interés general", ha dicho, para indicar que "es un riesgo que no se debía haber asumido".
Desde UPN, Luis Zarraluqui ha manifestado que "esto no es una operación sino una actuación" y es "de interés general". Ha defendido que "se ha hecho con Nasuvinsa por medio" y "se hizo una labor importante de diseño, es un actuación de planificación urbanística y la gestión es después". "Esta es una operación como las miles que ocurren en España", ha manifestado, para criticar que desde algunos grupos con este tema "se trata de sacar petróleo de un pozo que está seco".
En representación de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha considerado que del informe se desprende que "los dos gobiernos que han intervenido sucesivamente en esta actuación han hecho una gestión absolutamente contrapuesta y de muy diferente consideración con respecto al interés público". Y ha valorado "la defensa que el actual Gobierno ha hecho por el interés público, obviado por UPN". "Los cambios han propiciado la reconducción de una operación mal pergeñada", ha sostenido.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha manifestado que "sí es una operación especulativa" y ha indicado que "hubo urbanismo a la carta". "Sólo faltaría que no hubiera habido planificación, lo que no exime a esto de ser un 'pelotazo'", ha opinado, para señalar que esta actuación "no era irreversible" ni económicamente ni en la tipología de viviendas. "Nasuvinsa se ha plegado a unos intereses que no compartimos", ha dicho.
Desde Podemos-Orain Bai, Mikel Buil ha señalado que "se agradece este informe y que se esté vigilante ante este tipo de operaciones" y ha opinado que "la política de vivienda tiene que cumplir una función social". "Aquí hay un beneficio privado enorme utilizando dinero público", ha expuesto, para indicar que "hemos perdido 200 viviendas de protección oficial en el centro de Pamplona".
La socialista Ainhoa Unzu ha comentado que comparten las recomendaciones de Comptos en este informe, que "el urbanismo se use para fines de ordenación del territorio" y que "las administraciones no asuman riesgos económicos con este tipo de actuaciones". "Se firmó un informe favorable para Salesianos, fue una operación muy arriesgada, pero parece que esta operación no tiene resultados negativos para las arcas forales", ha afirmado.
Finalmente, Javier García, del PPN, ha señalado que "me quedo con la legalidad" en esta actuación y ha destacado "el fracaso del cuatripartito de intentar sacar trapos sucios". Al portavoz de Podemos le ha dicho que "cuando tiene usted un líder que se compra semejante chalet en Galapagar poco pueden hablar de vivienda social". "Que venga a dar lecciones de vivienda social queda en entredicho", ha indicado.
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