Cuatro asociaciones ecologistas -Compañía de las Tres Erres, Ekologistak Martxan Navarra, Fundación Sustrai Erakuntza y Lurra Nafarroa- alegan que el proyecto de planta de tratamiento de residuos de Imárcoain incumple la legislación en materia de residuos y el propio Plan de Residuos de Navarra, por lo que piden al Gobierno foral que rechace su autorización. Abogan por que la Mancomunidad revise su planificación en materia de separación de residuos como en previsión de las infraestructuras para su gestión y recuerdan que, desde Europa, se recomiendan instalaciones “mas pequeñas, sencillas de manejar, y próximas a los lugares de generación de los residuos. En cambio, el proyecto presentado no cumple ninguno de esos principios”.

Así, en el periodo de alegaciones destacan que el proyecto imposibilita la “gestión autosuficiente y próxima de los residuos de cada zona”. La macroplanta de residuos de Imárcoain pretende dar servicio, señalan, a todos los habitantes de la Mancomunidad, el 55% de los habitantes de Navarra. Pero además, el proyecto establece que podrá atender a un 20% más de población por la posible incorporación de nuevos ámbitos geográficos. Así, podría llegar a dar servicio al 66% de los habitantes de Navarra, lo que supone que, en la práctica, dos tercios de toda la población centralizaría la recogida y tratamiento de sus residuos en esta planta. Un proyecto que, abundan, “carece de un estudio de transporte de residuos y su impacto a todos los niveles, no solo ambiental”. Se indica que habrá una entrada máxima diaria de 86 camiones en la planta pero “no se analiza el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero” que supone el despliegue de dicha flota.

Desde las asociaciones alegan que no se analizan adecuadamente todas las alternativas y ni siquiera se indica cual será el destino del rechazo, “por lo que el proyecto está incompleto”. Las únicas alternativas planteadas son seguir en Góngora, “irrealizable” porque se tiene que cerrar, o la planta de Imárcoain. “Esta falta de análisis de alternativas incumple completamente la normativa de estudio de impacto ambiental”, insisten.