Una juez investiga una trama para desviar agua de abastecimiento público para riego

Las indagaciones llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), a raíz de la denuncia que interpuso el Ayuntamiento de la localidad el año pasado, apuntan a los responsables de una finca de más de cien hectáreas de terreno que estarían usando supuestamente un entramado de tuberías subterráneas ilegales mediante las cuales estarían apropiándose del agua de consumo humano del pueblo para regar sus cultivos.

Según la información a la que ha tenido acceso a este periódico, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de desórdenes públicos y las pesquisas que ha desarrollado la Guardia Civil apuntan a la existencia de una supuesta organización criminal que estaría desviando intencionadamente el agua de consumo humano del municipio de Cadreita y la estarían utilizando para conseguir un gran ahorro económico en la producción de sus cultivos, que además gozarían de un agua de riego de gran calidad.

tuberías de hace años Las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona consideran que el grupo investigado, que estaría formado por los propietarios de la finca que estaría beneficiándose de la desviación de abastecimiento público, así como por un directivo de las empresas que tienen arrendados los terrenos para su explotación, dispone de medios suficientes para la comisión del ilícito penal investigado, como tuberías construidas para la captación del agua de abastecimiento público que carecerían de la licencia correspondiente.

La construcción de las tuberías por las que supuestamente pasaría el agua tratada de la potabilizadora del pueblo se remontaría más de una década en el tiempo, según las indagaciones de la Guardia Civil. Asimismo, las diligencias de investigación llevadas a cabo hasta la fecha señalan que los integrantes del grupo investigado se repartirían tareas específicas, como manejar las llaves para el desvío del agua y posterior riego, organizar pactos o convenios con el Ayuntamiento de Cadreita con el fin de dar apariencia de legalidad a sus actuaciones o solicitar licencias de obras cuando ya han sido realizadas las mismas con el fin de tratar de evitar posibles inspecciones.

En este sentido, los investigadores de la Guardia Civil identifican como implicados, además de a los dueños de la finca y a uno de los directivos de las empresas investigadas, a un agricultor y a trabajadores del Ayuntamiento que serían sospechosos de ser conocedores de la construcción de las tuberías usadas para realizar el desvío del agua.

Las diligencias abiertas por estos hechos se encuentran en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital ribera, cuya titular deberá adoptar en los próximos meses una decisión respecto de la apertura de juicio oral o, por contra, el sobreseimiento de la causa.

perjuicio de 350.000 euros/año Un estudio del Gobierno de Navarra concluyó que el 71,53% del agua que consumía Cadreita se consideraba que tenía un uso “incontrolado”, es decir, que se perdía en fugas, en consumos no registrados por fraude o por autoconsumos municipales o de otro tipo que no se controlaban. Fue la puntilla que llevó al actual Ayuntamiento de Cadreita a intentar descubrir qué estaba pasando con su abastecimiento de agua y a tener la certeza de que alguien se la estaba robando y causando un perjuicio estimado de 350.000 euros anuales.

Bajo el título Abastecimiento de agua para uso urbano e industrial en la Ribera de Navarra. Diagnóstico de la situación actual en diciembre de 2016, el estudio del Gobierno de Navarra determinó que de los 653.142 metros cúbicos que consumía la localidad de Cadreita al año, 467.179 metros cúbicos se perdían o no se registraban, lo que significaba 614,7 litros por habitante y día.

El propio Gobierno de Navarra recomendó al Ayuntamiento de Cadreita en el año 2017 que contratara una empresa externa para controlar de manera más eficiente la gestión del abastecimiento de agua y el Consistorio de la localidad ribera, por su parte, también puso en marcha un plan de detección de fugas.

Después de todas las medidas adoptadas, el desfase entre el agua comprada por el municipio y el agua efectivamente cobrada seguía siendo superior al 50%, de modo que los técnicos concluyeron que la única respuesta al misterio era que alguien estaba sustrayendo el agua del abastecimiento público, por lo que en verano del pasado año 2018 el Ayuntamiento presentó la denuncia ante la Guardia Civil.