castejón - El departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Castejón y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Ribera llevan meses trabajando y con continuas reuniones para tratar de que 38 familias, que viven en una promoción de viviendas de protección oficial en los números 47 al 55 de la calle Ramón y Cajal de Castejón, no acaben sin un techo sobre sus cabezas. El edificio de 40 viviendas, construido en 1997 por el Gobierno de Navarra, nació con un vigencia de 20 años en el régimen de los contratos de alquiler.
La empresa inmobiliaria inicial que realizó la obra fue Cogremasa, que posteriormente vendió el inmueble a Luri, un fondo de inversión relacionado con el Banco Santander, y que finalmente lo revendió a Global Pantelaria, una firma con sede en Madrid, propietaria de numerosos inmuebles y que se encuentra con situaciones parecidas en otros lugares del país como llescas (Toledo).
El alcalde de Castejón, David Álvarez, ha mostrado su preocupación ante el hecho de que los inquilinos de las viviendas, desde el momento en que se acabó la prórroga de dos años una vez vencido el contrato de 20 años, comenzaron a recibir cartas en las que la empresa propietaria les informaba de que debían “entregar las llaves al haber finalizado el contrato de arrendamiento y abandonar los pisos”.
El departamento de Vivienda es conocedor desde 2017 de que la vigencia del contrato había vencido y tras conseguir una prórroga de dos años han vuelto a negociar con la actual propietaria Global Pantelaria, con la que en próximas fechas va a mantener una reunión. “Hay que tener claro que el régimen de alquiler del edifico ha acabado y la empresa está en su derecho de vender. Tienen también la posibilidad de solicitar la continuidad del régimen de VPO y esa es nuestra apuesta, seguir dando protección a las viviendas. En el peor de los casos, si quiere vender, trataremos de lograr que la salida de los inquilinos sea gradual y según las posibilidades de cada uno y no en bloque”, apuntó el director general de Vivienda, Eneko Larrarte. A este respecto incidió en que este régimen es habitual en las viviendas que son de alquiler y cuyo régimen se prolonga durante 15, 20 ó 30 años. “Habrá que explicar a la empresa la circunstancia de estas viviendas porque no creemos que para una firma radicada en Madrid un grupo de viviendas en Castejón sea lo mejor de cara al mercado. Trataremos de mostrarles que si siguen con el alquiler al menos tienen unos ingresos garantizados”, explicó, al tiempo que quiso dejar claro que existen posibilidades de llegar a soluciones que no sean el desalojo.
reuniones El pasado septiembre los vecinos afectados se reunieron con Larrarte, Fermín Etayo, director del servicio de Vivienda, el alcalde, David Álvarez, y representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Ribera. “Se les trasladó lo que estamos haciendo para tratar de solucionar el problema y que estamos pendientes de mantener una reunión con la empresa”, apuntó el alcalde.
El primer edil mostró su preocupación por la situación de estas 38 familias, “familias de todo tipo, personas de avanzada edad, con niños pequeños, gente en situación de vulnerabilidad... El aviso de que pueden quedarse en la calle 38 familias es un problema importante, serio y de primer orden para el Ayuntamiento y eso no lo podemos permitir. Cuando tienes la situación de que desalojan a una sola familia de su casa es un problema importante y en este caso son 38. No podemos dejar a esas familias en la indefensión”. Álvarez recordó que el origen del problema se encuentra en “modelos de vivienda de protección social que nacían sentenciadas con vigencia de 20 años. Los años pasan, la fecha llega y entonces es cuando se presenta el problema. Este tipo de promociones deben ser sin vigencia, o ilimitada para que no ocurra esto”.
Uno de los puntos que marcó el acuerdo de Gobierno del cuatripartito en 2015-2019 ya tenía en cuenta estos aspectos puesto que señalaba la “tutela efectiva del Gobierno de Navarra sobre las viviendas del parque público de viviendas en alquiler concedidas a distintas promotoras como Adania o Cogremasa”, dado que en Navarra hay más problemas similares.
El alcalde destacó que “la solución tendría que llegar lo antes posible, antes de final de año. Hay viviendas que han cumplido las fechas de sus contratos pero de momento no se ha visto ningún movimiento. Siguen pagando las mensualidades y no ha venido nadie a pedir las llaves o a desalojar”.
Global Pantelaria está viviendo una situación similar en El Señorío de Illescas (Toledo) donde parte ha avisado a parte de las 220 viviendas propiedad de este fondo de inversión de que tendrían que abandonar los inmuebles al terminar su contrato de alquiler. Según eldiario.es el presidente de la empresa Global Pantelaria es un ejecutivo relacionado con el fondo buitre norteamericano Cerberus.
