Conveniendo

que las cosas del pecunio deberían resolverse mejor manteniendo una relación bilateral con el Estado, avalada además legalmente, resulta una tautología. Como que, por descontado, el Gobierno foral está obligado a intentar reformular el Convenio que rige el flujo económico entre ambas administraciones si observa que se lesiona el interés de los navarros, lo que concurre en este momento ante el desfase millonario para la Comunidad Foral por el IVA y los Impuestos Especiales. La cuestión radica sin embargo en si la estrategia de Miguel Sanz es o no atinada. Porque si siempre hay que saber pedir, con argumentos pero también con prudencia y generando las complicidades necesarias, aún en mayor medida ahora que la crisis acucia por doquier. No sólo porque las arcas estatales estén yermas, sino especialmente porque Navarra, con sus escasos 650.000 habitantes, quiere más cuando su situación mejora con creces la de la mayoría de las comunidades en cuanto a salud financiera y nivel de desempleo. Así que hubiera sido más inteligente condicionar la reforma del Amejoramiento, zanjada con el exiguo beneficio técnico de que tras unas elecciones anticipadas se inicie una legislatura completa, a un acuerdo de actualización fiscal en el marco de unas negociaciones a la sombra donde el dinero pasara por debajo de la mesa. A no ser que, exponiendo esta cuita en el debate presupuestario, se pretenda obtener, no más guita, sino el rédito político de que tanto PSOE como PP se retraten como partidos refractarios al Fuero por el vil metal. Todo para mayor gloria de la candidata Barcina, faltaría plus.