lA exagerada y sorprendente circular de Comercio del Gobierno de UPN advirtiendo a varios comercios de multas de entre 3.000 y 15.000 euros - que para muchos de ellos puede suponer su cierre definitivo- por una supuesta infracción grave al iniciar el periodo de rebajas con anterioridad al 7 de enero, fecha establecida por orden foral para el inicio de las mismas, sólo es una consecuencia más de la inhibición e incapacidad del Ejecutivo para establecer una legislación acorde con los intereses de todos los sectores implicados, y que afecta también a las condiciones laborales y a las aperturas en festivos. De hecho, ya había habido una primera denuncia de la Federación del Comercio contra un centro comercial y algunas de las grandes marcas, que habían apostado por el adelanto de las rebajas acogiéndose a la ley estatal, diferente a la ley foral. Al parecer, esa misma denuncia ha sido utilizada ahora por Comercio para amenazar con importantes multas a aquellos pequeños comercios que, a su juicio, también pudieron incumplir la normativa, aunque los comerciantes afectados lo niegan y aseguran que se limitaron, al igual que decenas de tiendas tradicionales, a ofertar precios más bajos, incluso desde antes de Navidad, para poder competir con las ventajas de las grandes superficies en una campaña que es fundamental para su supervivencia como negocios. Y cabe recordar que el comercio navarro ha perdido en la crisis 2.800 empleos y 1.900 autónomos. Ante esa realidad, parece que la obligación del Gobierno de UPN debiera ser buscar actuaciones que impulsen la convivencia entre los diferentes modelos de consumo, y más aún en lo que afecta al pequeño comercio tradicional, un elemento clave para la convivencia y vitalidad social de las ciudades. La tendencia de los últimos años viene marcada por la concentración empresarial y fuerte presencia de franquicias en nuestras calles. Recorriendo algunas calles comerciales, los perfiles se diluyen y todas las ciudades parecen la misma. Romper esa uniformidad es parte del encanto de una ciudad y debería ser una apuesta decidida para preservar su identidad comercial. Más que multas inasumibles para el pequeño comercio, la Administración debiera insistir en incentivar la innovación, formación, atención al cliente, adaptación a las nuevas necesidades de los consumidores o medidas concretas que estimulen a los jóvenes y favorezcan el relevo generacional del pequeño comercio y del comercio familiar.