Proteger a la casta

eS cierto que el nuevo intento de recortar los derechos civiles de los ciudadanos por parte del Gobierno de Rajoy sitúa el debate político en la histórica confrontación entre libertades y seguridad. Pero no creo que en este caso esa cuestión sea la fundamental del proyecto que ha diseñado Gallardón. A la derecha española, anclada aún en buena parte de sus fundamentos ideológicos en las posturas más rancias del siglo XIX y de la dictadura de terror de Franco, que se niegan a condenar cuando no ensalzan y homenajean, esa ansia por la seguridad -el orden establecido que decía entonces la propaganda franquista- se le supone. Las libertades y derechos, los valores de la democracia, son accidentes con los que el paso del tiempo les ha obligado a ir conviviendo sin mayor convencimiento. La nueva contrarreforma regresiva de Gallardón, que aplica desproporcionadas multas administrativas -a la arbitrariedad de los altos cargos políticos sin siquiera el amparo garantista de un proceso judicial- se suma al endurecimiento del Código Penal, y va más allá en su objetivo básico: se trata sobre todo de proteger a las elites políticas, financieras, judiciales, a la casta del poder, del malestar ciudadano. Como las decisiones y acciones de este Gobierno y la esa plutocracia no sólo no tranquilizan ese malestar social, sino que lo incrementan conforme imponen más y más recortes de derechos, lo mejor es seguir haciendo como si no existiese el enfado y la protesta ciudadana. Y la vía más rápida y eficaz es cerrar las calles. Vuelta lógica a aquella máxima franquista de Fraga de la calle es mía. Y así se cierra otro círculo del atado y bien atado.