no cabe mayor impostura que la de UPN proclamando su fervor por las mismas FSE a las que sus gobiernos relegaron en sus funciones de policía judicial al derivarles los casos recogidos en el 112 que no interesaban a la Policía Foral. Y presionando también a los ayuntamientos para que no suscribieran convenios con la Guardia Civil, cuyos cuarteles pretendió invisibilizar con comisarías fantasma del Cuerpo autonómico. Todo de acuerdo con la pauta de Miguel Sanz de que la Policía Foral debía erigirse en la bandera del autogobierno que ahora enarbola el Ejecutivo de Barkos, hasta nombrar director general de Interior a un comisario del Cuerpo. Desde la obviedad de que sin ETA sobran policías en Navarra -la tasa es de siete agentes por cada mil habitantes, el doble que en la Eurozona-, el debate debe sustentarse en criterios de eficiencia operativa, procediéndose a un reparto competencial según las capacidades de cada Cuerpo con el fin de que cada investigación se asigne a los especialistas más duchos independientemente del color del uniforme. En segunda instancia, habría que cumplir con la vocación integral de la Policía Foral mediante un calendario de repliegue de las FSE que acompasar con las jubilaciones y los traslados en su seno. La racionalización del mapa policial es una cuestión de pura lógica.
