los partidos que apoyan al Gobierno de Uxue Barkos se han dado un nuevo plazo hasta el 19 de mayo para consensuar una reforma en profundidad de la actual legislación foral que regula el cobro de cesantías para los consejeros y ex altos cargos de la Administración foral, endurecer, al mismo tiempo, el régimen de incompatibilidades que les afecta en el transcurso del desempeño de su función pública y al final de la misma y rediseñar un modelo más transparente de acceso de la sociedad a las Cuentas Públicas. La iniciativa legislativa inicial presentada por EH Bildu y Podemos tuvo el informe negativo del Gobierno de Navarra por entender que su planteamiento dificultaba la necesidad de conjugar, con los límites adecuados, la posibilidad de participar en la actividad pública y el posterior derecho al trabajo. Es evidente que al abuso en el cobro de dietas y de cesantías -no se cuestionan las remuneraciones, sino el uso desvergonzado de la legislación para asegurarse ingresos máximos que han hecho algunos beneficiarios- y la débil normativa que regula la incompatibilidad entre las actividades derivadas de la labor pública y la posterior incorporación al mercado laboral necesita una nueva regulación que anteponga al ética al descaro y al abuso. El ejemplo más visual es el desembarco de alto cargos y ex miembros de gobierno en los consejos de administración de las grandes empresas. Pero también es evidente que una regulación más exhaustiva y estricta tiene que ser compatible con la dedicación temporal al servicio público desde criterios de honestidad y ética. Si, como en otras cuestiones de índole democrática, el Gobierno de cambio político y social quiere presentar una propuesta avanzada, deberá asumir la necesidad de conjugar la necesidad de mejorar aquellos aspectos de la actual legislación que son confusos, han quedado obsoletos o se han mostrado insuficientes con una nueva normativa que anteponga la eficacia en su objetivo de combatir los abusos garantizando un nuevo Código Ético de aplicación general que impida el amiguismo y el clientelismo y el aprovechamiento de lo público para lo privado, pero que también posibilite el acceso de las personas con capacidad y voluntad de servicio público a la gestión del bien común. El incumplimiento de incompatibilidades y el abuso en el cobro de cesantías, con ejemplos aún hoy vergonzantes en ex altos cargos de UPN, muestra una situación de privilegio en parte de la elite política y empeora la ya muy deteriorada credibilidad social y ética de esa vieja política.
