el recurso de la utilización por el primer ministro, Manuel Valls, del artículo 49 de la Constitución francesa para sacar adelante sin el voto de la Asamblea Nacional la controvertida reforma laboral elaborada por la ministra de Trabajo, Myriam el Khomri, plantea serios interrogantes sobre la legitimidad del ejecutivo para legislar contra la voluntad mayoritaria del legislativo y, en su caso, sobre la calidad democrática de dicha decisión. El Partido Socialista en Francia parece haber elegido la misma vía que sus homólogos en Alemania -sumisa muleta de la conservadora Merkel-, el Estado español, donde lleva camino de ser un convidado de piedra en la política; o Grecia, donde simplemente ha pasado a mejor vida. La duda es por qué tipos como Valls aceptan el papel de sumisos corruptos a la propia ideología que dicen defender. O si no son las personas elegidas precisamente por quienes exigen esa toma de decisiones para llevarlas a cabo. El decretazo del Gobierno de Hollande, que sólo ha arrastrado al presidente de la República a la peor valoración ciudadana de su historia y ha elevado la conflictividad social -los franceses y francesas se sienten estafados por un Gobierno que ha traicionado uno de los valores claves de la República como es la separación de poderes en democracia-, hasta el enfrentamiento violento en buena parte de las principales ciudades sólo muestra la debilidad y falta de confianza del Gobierno socialista francés en su propuesta y en sus propios diputados. O, dicho de otro modo, cuando el Gobierno legisla y gobierna no en virtud del programa que presentó a los ciudadanos en las elecciones y que le permitió alcanzar el poder -la traición de Hollande y del actual aparato del Partido Socialista es similar a la que ha protagonizado el PP de Rajoy desde 2011-, sino con iniciativas contrarias o al menos contradictorias con el mismo y sin atenerse además a lo que la mayoría del Parlamento defiende, ¿se puede considerar que responde a los principios básicos de una democracia parlamentaria? Más aún, ¿quién decide las políticas que desarrolla y, sobre todo, que esas políticas son las únicas posibles después de que la capacidad de tomar decisiones se alcanzó democráticamente en las urnas con compromisos en gran medida opuestos? ¿Y qué intereses impulsan estas? Es a todo eso, a lo que debe responder el Gobierno de Valls en Francia... Y buena parte de los gobiernos socialistas de Europa que han terminado de mamporreros haciendo el trabajo sucio al neoliberalismo más salvaje.