El 'congresillo' de UPN

Hasta hace 11 años, los congresos de UPN tenían una trascendencia política enorme. No en vano, quien resultaba elegido presidente estaba llamado a desempeñar este mismo cargo en el Gobierno, de ahí que el resultado de estos cónclaves era poco menos que un anticipo de las elecciones forales. Así sucedió desde que en 1997, con el PSN hecho unos zorros, Jesús Azipún dejó libre el camino a Miguel Sanz para que mandara en el partido y en la Diputación. Por ello, cuando el corellano decidió en 2009 que Yolanda Barcina iba a ser su sucesora, todos asumimos que en el pack iba de propina la Presidencia de Navarra, aún cuando faltaban dos años para los siguientes comicios. El poder estaba tan bien atado que, dentro de UPN, a nadie se le ocurrió porfiar con Barcina, pese a que había voces que no veían con buenos ojos que se entregara el partido a una persona que estaba de paso por Navarra. Como no podía ser de otra manera, el congreso se convirtió en una especie de investidura anticipada y concitó la correspondiente atención mediática. Hoy el establishment ha cambiado. UPN cumple cinco años fuera del Gobierno y han transcurrido ocho desde que perdió la mayoría parlamentaria y, en consecuencia, la capacidad de tomar decisiones de calado. Aún siendo todavía el partido más votado en la Comunidad, su sigla está diluida en una coalición y sus congresos ya no son lo que eran. Entre otras razones, porque UPN también lo entiende así, y ha decidido restringir esta contienda, en la medida de lo posible, al ámbito privado. En lugar de difundir su debate interno y hacer partícipe a la sociedad, opta por cerrar la puerta. Otra equivocación más de Javier Esparza, que ni siquiera en el comunicado que emitió ayer para dar cuenta del aplazamiento de su congresillo menciona que solo son dos los candidatos a presidir el partido, y que sigue sin contar los cambios estatutarios que el pasado viernes aprobó su Consejo Político, que incluyen la eliminación de primarias para elegir candidatos y la supresión del tope de ocho años para desempeñar un cargo público.