a aprobación de la reforma de la Ley del Convenio con los votos de PSN y Navarra Suma que deja la competencia de modificar el Índice que sirve de base para calcular la Aportación de las arcas públicas de Navarra al Estado -en la actualidad en el 1,6%-, en manos de solo los dos gobiernos y hurtando la potestad al Parlamento de expresar su opinión política en caso de que ese índice pueda ser modificado no es una buena noticia. Es mala desde el punto de vista del autogobierno foral. Una renuncia de Navarra a una competencia política incomprensible e inexplicable. Un resorte político menos en el ya muy escaso bagaje político que aún acumulan los restos del régimen foral en la actualidad. Y una victoria más del centralismo. Es inexplicable, porque la consejera Elma Saiz no ha sido capaz, en más de tres meses, de ofrecer a la opinión pública navarra una explicación política mínima de las razones de este cambio. Un paso, además, innecesario. No es tanto ya que el PSN haya tenido que recurrir a Navarra Suma para salvar a la consejera Saiz ante la división en el seno del Gobierno que suscitó la cuestión con Geroa Bai, que también, aunque en ese mismo Pleno la formación que lidera Uxue Barkos apoyó la tramitación de una ley de Navarra Suma sobre el profesorado de religión, y también Navarra Suma ha tumbado con EH Bildu otras iniciativas del Ejecutivo. Si no se convierte en norma, lo que ya sería inestabilidad, simples juegos de geometría parlamentaria. Sino, sobre todo, porque esa facultad del Parlamento está vigente desde la recuperación y renovación del Convenio Económico y de su normativa reguladora en 1990 y suponía un escudo en las negociaciones con el Estado en un ámbito de colisión política y técnica entre los intereses centralistas y los del autogobierno de Navarra. Y también porque la Ley del Convenio Económico, el eje de lo que hoy queda del Fuero, pierde un artículo de indudable valor político que solo podía resultar inconveniente al centralismo de Madrid. Los técnicos y los abogados del Estado siempre encuentran resquicios para mover una coma de los acuerdos entre el Estado y Navarra que afectan al autogobierno foral, observan invasión de competencias en cada normativa navarra o buscan limitar los derechos históricos aún vigentes y reconocidos en la Constitución de 1978. Y a veces cambiar una coma de sitio supone también cambiar el alcance político del acuerdo. Creo que algo de eso ha pasado en esta reforma de la Ley del Convenio. Es innegable en estos tiempos de involución centralista el anhelo por imponer una uniformidad política que convierte en papel mojado la bilateralidad política e institucional entre Navarra y el Estado. Sigo pensando que el Parlamento algo tiene que decir sobre el Índice de Imputación, porque es una cuestión que puede afectar a la capacidad de inversión de los Presupuestos de Navarra cuya aprobación depende de la Cámara foral. Haber salvaguardado eso no era una cuestión menor y no haberlo hecho puede ser un error histórico solo para evitar una simple derrota parlamentaria a la consejera Saiz. Demasiado coste para tan escaso beneficio para Navarra. Este mes de marzo se cumplen 40 años del ya muy viejuno Amejoramiento sin interés social alguno más allá de las jornadas que organizó el Parlamento de Navarra. Solo por comentar. Aunque tristemente la sociedad esté en otras cosas hoy.