Un Gobierno dividido salva la polémica reforma del Convenio con el apoyo de Navarra Suma

La reforma limita, a juicio de EH Bildu y Geroa Bai, la capacidad del Parlamento para determinar cuánto paga Navarra al Estado por las competencias que no tiene transferidas

31.03.2022 | 14:20

El Parlamento foral ha ratificado hoy la reforma del Convenio Económico pactada entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda. Lo ha hecho tres meses después de que la consejera tuviera que retirar el texto por falta de apoyos. Sin que la posición del departamento de Hacienda no se haya movido ni un centímetro, y después de un varias rondas de diálogo entre el Ejecutivo y los partidos que lo apoyan que deja una grita en el seno de la coalición de Gobierno.

Lo ha entendido Javier Esparza, que ha corregido su abstención de diciembre al voto afirmativo de hoy sin que el Gobierno haya cambiado la ley. Pero le ha servido para incidir una y otra vez en las diferencias entre los socios del Ejecutivo foral. Tratando de recuperar la división identitaria que durante 20 años le permitió gobernar sin mayores dificultades. "Días como hoy se pone blanco sobre negro qué defiende cada uno. Es la prueba del algodón", ha enfatizado Esparza.

Pero no es ese el escenario hoy, y tampoco lo va a ser después de la aprobación del Convenio Económico. Por mucho que lo desee Javier Esparza, el Gobierno no se va a romper, y mucho menos por una cuestión que ha generado fricciones en la alianza entre PSN y Geroa Bai, pero que estaban ya descontadas desde hace varias semanas.

La reforma que mejora el ámbito competencial de Navarra, que gana margen de gestión en tres nuevos impuestos (tasa Gooble, tasa Tobin y el IVA del comercio electrónico) y aclara algunos aspectos técnicos que mejorarán la capacidad recaudatoria de la Hacienda Foral. Así lo han admitido todos los grupos. Ninguno ha votado en contra, y solo Geroa Bai y EH Bildu se han abstenido.

La disputa ha estado en otro punto. Desde el principio además. Para Geroa Bai y EH Bildu, la nueva redacción suprime la capacidad del Parlamento de determinar el índice de imputación, el porcentaje que Navarra paga de los Presupuestos Generales del Estado en aquellas materias en las que no tiene competencia.

Ahora serán los gobiernos de Navarra y de Madrid quienes, a través de sus departamentos técnicos, fijen un porcentaje que nos se ha cambiado nunca desde su aprobación en 1990. "Se ha negociado con un criterio técnico, pulcro y escrupuloso. Esta reforma respeta las competencias de cada ámbito institucional", ha defendido la consejera Saiz, que ha negado, al igual que lo han hecho PSN y Navarra Suma, que se vea mermada la capacidad competencial del Parlamento.

El debate político


El debate en cualquier caso ha sido menos tenso que el que tuvo lugar a finales de diciembre. Las cartas estaban ya sobre la mesa, y el desgaste que este proceso ha podido tener en el seno del Gobierno está ya amortizado. Lo han asumido de una y otra forma todos los grupos, que se han limitado a reafirmar su posición.

Esparza ha tratado de justificar un cambio de posición sin contrapartidas, más allá de la división del Gobierno que ha mostrado la votación. Un dato importante en cualquier caso, y en el que el portavoz de Navarra Suma ha hecho enfansis para reclamar al PSN que cambie su política de alianzas.

No ha tenido éxito porque los socialistas siguen teniendo claro dónde está su mayoría de Gobierno, más allá de las discrepancias puntuales, más o menos intensas, y que han quedado en evidencia hoy también con la ley que busca garantizar el empleo a los profesores de religión, tramitada con el voto de Navarra Suma y Geroa Bai.

No ha querido ir al choque Ramón Alzórriz, seguramente el portavoz más beligerante durante el debate del día 23. "Agradezco la actitud constructiva de Navarra Suma, ojalá se mantenga en el futuro", ha reclamado el portavoz socialista, que ha enfatizado las virtudes que la reforma tiene para el autogobierno de Navarra.

Tampoco Uxue Barkos ni Adolfo Araiz han querido incidir en la polémica más allá de lo conocido. Ambos han insistido en que la reforma limita la capacidad competencial del Parlamento, y han lamentado que la consejera de Hacienda no haya querido abrir una negociación real con sus socios de Gobierno. "Se podía haber sacado esta reforma por unanimidad", le ha señalado Barkos directamente a María Chivite, a quien le ha reprochado que se haya perdido "una oportunidad histórica".

"No han buscado la unanimidad, y no encuentro el motivo de por qué se han obcecado en esta posición", ha lamentado Araiz, que ha calificado de "farsa" la ronda de contactos que abrió la consejera con los partidos porque nunca se quiso negociar nada. "El índice de imputación es una decisión política, no administrativa. Es una decisión que compete al Parlamento y esta reforma degrada la figura de Convenio Economico. Nos estamos haciendo un harakiri", ha argumentado el portavoz de EH Bildu.

Pero las posiciones estaban claras ya desde hace tiempo. Y si no se ha votado antes ha sido porque al Gobierno, o al menos al PSN, no le interesaba una foto con Navarra Suma cerca de la reforma laboral. Finalmente ha sido hoy. Hacienda tendrá su ley como la pactó con el Ministerio, y los socios del Gobierno seguirán con su difícil equilibrio de poder. Más o menos como hasta ahora. 

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