Ya hice una reflexión crítica en este mismo espacio hace unos días sobre el anteproyecto de ley para modificar la normativa de Secretos Oficiales por ser una nada desde el punto de vista de la profundización y regeneración democrática, si lo que se pretende es dejar a atrás la actual legislación en esta materia que aún perdura de los tiempos de la dictadura franquista. Pero aún es peor en sus letras pequeñas, esas de las que el ministro Bolaños no dijo ni mu cuando presentó la propuesta. Entre esos pequeños detalles que aún hacen más tenebrosas las intenciones reales de esta reforma legislativa que impulsa el PSOE –ni sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno de Sánchez ni sus socios parlamentarios en el Congreso apoyan tal y como esta redactado ahora el nuevo texto–, sigue la protección a la exportación de armas para proteger a responsables políticos y empresas armamentísticas de las consecuencias ilegales si las armas son enviadas a países que las utilizan contra la población civil. Arabia Saudí o Marruecos, por ejemplo. O la “imposición de multas” de entre 50.000 y tres millones de euros por acceder o difundir información secreta. Una vez que ha salido a la luz la medida, portavoces de Moncloa se han apresurado a señalar que no está dirigida contra los medios de comunicación, pero admiten que en teoría podrían ser sancionados periodistas y empresas periodísticas que difundan documentos secretos. Blanco y en botella. No solo es una propuesta que no cambia nada respecto a la vieja legislación franquista en cuanto a la protección de los responsables de los hechos más oscuros e ilegales cometidos al amparo de la protección de la cuestión de Estado como argumento de impunidad e inmunidad durante un periodo de 50 años prorrogables otros 15, sino que retoma las amenazas penales o económicas de aquel sistema contra la prensa libre. Aún no se les ha ocurrido recurrir al destierro que se aplicaba a los periodistas. De hecho, buena parte de ese proceso de involución antidemocrática contra el derecho constitucional a la información y contra derechos democráticos fundamentales como la libertad de prensa y de opinión ya viene en marcha desde la aprobación de la indigna Ley Mordaza con Rajoy. Este Gobierno se comprometió a derogarla, pero la intención es otra al parecer. Supongo que ese artículo que amenaza a periodistas y empresas con el miedo como arma para coartar el derecho de una sociedad libre y democrática a conocer la verdad real, no la historia oficial, de esos hechos no se aprobará. Entre otras cosas, porque incumple el artículo 20 de la Constitución que ampara el derecho a la información. La norma no solo no cumple los estándares mínimos de las democracias avanzadas en cuanto al periodo de clasificación como secretos oficiales, sino que apunta a una regresión hacia modelos de regímenes políticos sin label democrático alguno. Los Secretos de Estado no pueden legalmente amparar a hechos y a responsables que hayan cometido crímenes y violaciones de derechos humanos, y si se busca una ley para ocultarlos y proteger a sus responsables se está cometiendo una ilegalidad, de Estado si se quiere llamar así. Se antepone el oscurantismo y la falta de transparencia al derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas. Aun así, publicar aquello que los grandes poderes no quieren que sea publicado –también en unas democracias en regresión hacia el autoritarismo–, sigue siendo complicado y peligroso, pero es fundamental en una democracia de verdad.