El asunto de las mascarillas muestra la cada vez mayor brecha existente entre las inquietudes y preocupaciones de los ciudadanos navarros y los debates con que los políticos copan su actualidad diaria. Los muy pocos comentarios que he escuchado se centran en la absurda situación de unas miles de mascarillas abandonadas desde hace meses. Una mezcla de ironía, sorna y resignación muy por encima ya de cualquier enfado. Percepciones habituales cuando la opinión pública analiza los absurdos recovecos de la insaciable e ingestionable burocracia administrativa. El contexto siempre arroja luz sobre el devenir de las decisiones y de los hechos que conllevan. En el comienzo de la pandemia del coronavirus, en abril de 2020, cuando tras las primeras semanas de confinamiento se vislumbraba la vuelta a la actividad laboral con medidas de seguridad sanitaria, la CEN solicita ayuda al Gobierno para surtir de mascarillas a las pymes navarras. El Gobierno a través de la empresa pública Sodena firma sendos convenios con Salud y la CEN y la empresa Albyn para garantizar el suministro en un momento de caos, urgencias e incertidumbres. Todo es público, publicitado y transparente. Incluso se hace alarde de propaganda y satisfacción común por la agilidad en solucionar un problema complejo. El Gobierno, la CEN y Sodena emiten comunicados dando cuenta del acuerdo. La presidenta Chivite y el entonces consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, comparecen en el Parlamento para informar de los convenios. El Consejo de Sodena y también la CPEN avalan las operaciones. Ninguno de los 50 parlamentarios de la Cámara vio nada cuestionable. Poco después la CEN echa marcha atrás y las mascarillas que solicitó quedan abandonadas. La CEN aún no ha explicado ese cambio de criterio y no parece que tenga mucho interés en hacerlo. Debería. Pero parece fácil pensar que en un momento en que el suministro de mascarillas se convirtió en un negocio otras empresas navarras con contactos en China quisieron convertirse en intermediarios para traer material a Navarra y repartir la ganancia. Así las cosas –parece ser que las mascarillas abandonadas no son de nadie–, un informe de Intervención aparece ahora cuestionando el convenio, elaborado se supone con el visto bueno de técnicos de la empresa pública y de la CEN. Ya es extraño que un informe de Intervención sobre un asunto tan publicitado tarde dos años y medio en salir del cajón, aunque seguro que la burocracia servirá también para justificarlo. Sin dejar de lado que las alegaciones de Sodena y las explicaciones de su ya ex directora general, Pilar Irigoyen –víctima colateral del tema–, parecen más contundentes que los argumentos de Intervención. Ahora, el muerto de las mascarillas se traspasa a la Cámara de Comptos, como si este órgano no hubiera ya fiscalizado las Cuentas Públicas de 2020, incluidas las de Sodena, sin haber detectado nada cuestionable en esos contratos. O fue una actuación necesaria para el interés general con el modelo de convenio más ágil en un momento crítico para solucionar un problema grave a las empresas navarras –y si hubiera un error administrativo parece fácil de solucionar–, o si fuera otra chapuza, en este caso la lista de responsables públicos y privados sería muy amplia. Solo queda que los trastos vuelen de un partido a otro para ocupar su tiempo, que no es de la sociedad navarra.