El Gobierno foral prevé triplicar el próximo año las ayudas destinadas a la compra de vivienda protegida, ya sea de VPO como de VPT. De los tres millones previstos para este año se pasará a cerca de ocho en 2023, ayudas que dependerán como hasta ahora de las circunstancias económicas y familiares de los solicitantes (en la actualidad cubren entre el 6% y el 12% del precio de una VPO) pero que también pretenden compensar el incremento global de la inflación en un sector de la población con recursos económicos limitados. Esta subvención equilibra a su vez el incremento en un 10% del coste del módulo de VPO aprobado por el Parlamento foral a instancias del Gobierno foral. Se trata de medida consensuada por las fuerzas que forman el Ejecutivo (PSN, Geroa Bai y Podemos) para reactivar la edificación de viviedas protegidas, actividad que se ha ralentizado en el último año como consecuencia del aumento de los costes de producción. Los datos son elocuentes. De las 453 viviendas de protección oficial promovidas en 2021 se ha pasado este año a 106, es decir, una cuarta parte. Un descenso mucho menos acusado en el caso de la vivienda libre. El 10% de subida de la VPO va en línea con la inflación, prevista del 8,9% para este año y del 4,8% para 2023. La construcción de viviendas protegidas se había paralizado en los últimos meses, sobre todo en el área de Pamplona, donde el precio del suelo sigue siendo muy elevado y la subida del precio de los materiales hacía inviable a juicio de los constructores edificar una vivienda con menos margen de beneficio. Sin olvidar que sigue habiendo un mercado, el de la compra de vivienda protegida, al alcance de rentas medias de hasta 42.000 euros (para VPO) en un mercado libre donde los precios resultan imposibles para cualquier ciudadano. Una estrategia de incentivación del mercado compatible con la apuesta del Gobierno foral por la vivienda de alquiler y el desarrollo de un parque de vivienda de alquiler público (Navarra Social Housing) con un millar en marcha para esta legislatura que garantice el acceso a la vivienda a miles de personas que no quieren o no pueden adquirirla y mitigue la escalada de los precios del alquiler. Otra medida que va a reforzar el mantenimiento del parque público de vivienda es la que garantiza a través de la nueva Ley Foral de Vivienda que ya no se puedan vender como libres. Una ley que también establece una reserva del 50% para vivienda protegida en los nuevos desarrollos urbanísticos residenciales (frente al 30% de la ley estatal), y una tercera parte de esa vivienda protegida deberá destinarse a alquiler asequible.