La celebración ayer del 44º aniversario del referéndum sobre la Constitución de 1978 coincide con un momento político especialmente delicado debido a la creciente crispación y un clima de confrontación que no se conocía desde hace años, un importante deterioro de las instituciones con el bloqueo del Poder Judicial que amenaza también al Tribunal Constitucional, y el debate sobre la necesaria reforma de la llamada Carta Magna aún sin abordar en asuntos clave como el modelo de Estado. En este momento, los 3/5 de mayoría exigibles en el Congreso y el Senado para abordar la reforma constitucional son insalvables para adaptar y modernizar el texto, mucho menos para consolidar los principios de descentralización establecidos en su letra y expíritu y para crecer en ambición en el reconocimiento de las realidades nacionales del Estado. El texto, apenas tocado en 44 años, es de los menos actualizados de Europa –Alemania, por ejemplo, ha revisado el suyo más de sesenta veces y lo ha adaptado a realidades históricas y prácticas sin perder la esencia federal–. En el Estado español, por contra, sigue vigente la tendencia recentralizadora tanto desde la izquierda como desde la derecha, por la vía de las leyes básicas que, como se ha visto en más de cuatro décadas, no son respetuosas con la estructura competencial de las autonomías. Esta uniformización está en la voluntad de los partidos de ámbito estatal que se han alternado en los sucesivos gobiernos del Estado pero va contra la versatilidad que propiciaba el texto del 78 en el grado de autogobierno. Hoy es impensable modificar las grandes carencias básicas del texto, como el nefasto artículo 155 ya aplicado para anular el autogobierno de Catalunya y la consagración de las Fuerzas Armadas como garantes de la unidad territorial, que impiden que el modelo de Estado lo sea por la vía de la adhesión ya que se entrega a la coerción y esta depende de negar la especificidad, que no tiene por qué suponer diferencias en derechos y libertades ciudadanas, más si cabe con el marco europeo en el que están depositados y protegidos ambos. En este aspecto, la actual legislatura ha sido una nueva ocasión fallida, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido o no ha podido abordar las reformas necesarias ni el encaje definitivo de Euskadi y Catalunya en un modelo de Estado propio del siglo XXI.