El Parlamento Europeo aprobó ayer prohibir la venta de automóviles nuevos de combustión a partir de 2035 tal y como se anticipó en octubre pasado tras el acuerdo entre Comisión y Consejo, que ahora confirmado la Eurocámara. El objetivo de reducir drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera es objetivamente imperioso en aras de la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, faltan por despejar muchas interrogantes para un plazo tan reducido de tiempo –12 años– y una abultada agenda de necesidades cuya solución no está contenida en el mero enunciado del objetivo. El sector automovilístico está comprometido en la transformación de su negocio, con inversiones muy fuertes –esta semana se confirmaba la de Volkswagen en Landaben, siguiendo la estela de Mercedes en Gasteiz–. Pero esto no garantiza por sí solo mantener su capacidad de producción. Es oportuno establecer una cierta expectativa de rigor en el cumplimiento de los compromisos, aunque debe ir acompañada de una estrategia adicional que facilite cumplir etapas para evitar situaciones indeseadas. En primer lugar, la capacidad de producción de vehículos eléctricos está condicionada por la estructura productiva de las marcas, pero también por el suministro de baterías y de los minerales imprescindibles para la fabricación de estas. Litio, niquel, manganeso o cobalto han experimentado ya un incremento de sus precios y potencias como Estados Unidos y China se han apresurado a asegurarse su suministro de los países productores. Europa debe proteger también a su propio sector de automoción y obtener esos recursos en su propio suelo con una minería adaptada y sostenible. La capacidad anual de producción de baterías para vehículos eléctricos en el mundo rondará en 2030 los 30 millones de unidades, cifra similar al parque automovilístico del Estado español. Es obvio que, hoy por hoy, no hay capacidad para sustituir el parque europeo. Acelerar los procesos que lo permitan es imperioso –producción continental de componentes y materias primas– pero también alcanzar precios competitivos. Ese cuello de botella entre precio y capacidad productiva puede derivar en el indeseado envejecimiento del parque automovilístico, lo que impediría reducir emisiones, y tumbar la demanda con el consiguiente riesgo del empleo en el sector.
