La incorporación a la causa del caso Kitchen del espionaje al que la cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy sometió en 2015 a quien fuera consejera del Gobierno Navarra con Uxue Barkos, María José Beaumont, es otra dosis de realidad sobre la miseria moral en que deambula la política española. Un síntoma más de la situación de gravedad de esa España enferma y oscura en la que ni la mentira, ni la corrupción tienen coste alguno.

Los mensajes de whasap entre el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y responsables del Cuerpo Nacional de Policía incluyen a Beaumont como otro de los políticos investigados ilegalmente por la trama policial montada por el PP en Interior durante los años de Fernández Díaz, ex ministro de misa diaria que siempre ha alardeado de su rancio nacionalcatolicismo y un mentiroso compulsivo para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel. El espionaje y control policial a Beaumont y su entorno no sólo buscaba argumentos para desacreditar su persona, sino también deslegitimar al Gobierno de Barkos salido de la libre voluntad democrática de las navarras y navarros en las urnas en mayo de ese 2015. Ilegal y antidemocrático.

Tiene razón la ex presidenta Barkos cuando afirma que pese a todas las fuerzas que se confabularon aquí en Navarra y en Madrid para ello no pudieron torpedear aquel Gobierno plural de cambio político y social porque “sus miembros fueron honrados, leales y valientes”. A Beaumont, y quizá también a otros, le señaló aquella policía política como víctima de sus fechorías al igual que ya lo habían hecho antes –con fondos y funcionarios públicos para cometer y financiar sus acciones ilegales–, con dirigentes catalanistas o de Podemos o con el ex tesorero del PP Bárcenas para destruir pruebas y obstruir a la justicia. Una trama mafiosa que de la mano de Villarejo extendía sus tentáculos hasta banqueros, periodistas y empresarios. Un núcleo policial bananero sin control judicial para organizar pruebas falsas o testigos comprados –y medios y jueces dispuestos a seguir el juego–, que dañaran la reputación personal y familiar de personas, entidades e instituciones.

Además del espionaje a Beaumont, las nuevas informaciones sobre Kitchen han revelado también que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, informó y asesoró al propio Francisco Martínez durante al menos un año cuando ya estaba siendo investigado por la justicia como responsable de esa cloaca policial y política. Resulta difícil, si no ya imposible, no dudar de la imparcialidad de la justicia en esos altos tribunales. Por supuesto, José Ramón Navarro sigue como presidente de la Audiencia Nacional y en un puesto en el Consejo del Poder Judicial pese a tener su mandato caducado. Impresionante.

Quizá Kitchen pueda parecer una operación de botijo y pandereta, pero es de una gravedad extrema porque afecta a los aparatos del Estado, se salta las leyes, se carga la separación de poderes y socava los cimientos de la credibilidad democrática. Un capítulo más de esa inmensa operación contra la democracia que lleva años fraguándose desde las entrañas más profundas de un Estado oscuro y paralelo al Estado formal. Pero dudo mucho que no se vayan de rositas. Como otros antes. Porque nadie parece interesado en limpiar de verdad toda esta mierda.