La cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy trató de desacreditar a la consejera de Interior del Gobierno de Navarra, Mari José Beaumont, mediante un espionaje extrajudicial que se hizo extensiva a su entorno personal. La operación, destapada esta semana por Infolibre, forma parte de la trama Kitchen, en la que están implicados distintos altos cargos del Gobierno del PP y de la Policía Nacional. Y que actuó también contra otros dirigentes, fundamentalmente vinculados a Podemos y al independentismo catalán.
La conversación que apunta a Beaumont, entre el número dos del Ministerio, el secretario de Estado, Francisco Martínez, y Enrique García Castaño, el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional –la encargada de realizar seguimientos y escuchas–, se ha incorporado ahora al sumario de la causa que instruye la Audiencia Nacional. Está implicado también el exministro, Jorge Fernández Díaz, para quien la fiscalía anticorrupción pide 15 años de cárcel por el espionaje con fondos reservados al tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Es lo que se ha conocido como la policía patriótica. Un grupo de agentes entre los que se encuentra el oscuro comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión, y que al amparo del Gobierno de Rajoy llevó a cabo espionajes, grabaciones ilegales y corruptelas contra adversarios políticos del PP. Informaciones que acababan después en medios de comunicación afines al partido, muchas veces manipuladas o directamente fabricadas por instrucción del Gobierno. Y que eran plato de cualquier tertulia política con el único objetivo de manchar la reputación de un oponente. En Podemos saben muy bien cómo se las gastaba la trama.
Este funcionamiento de los bajos fondos de Interior tampoco es especialmente novedoso. Ahí están la guerra sucia de los 80 o las escuchas ilegales en la sede de HB de Vitoria en los años noventa. Y, más recientemente, el ciberespionaje con el software israelí Pegasus a más de 60 independentistas vascos y catalanes, entre ellos el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. Ejemplos de que en la defensa de los intereses del Estado vale todo contra la disidencia, en especial contra aquella que cuestiona los cimientos del status quo. Prácticas generalizadas aue se acaban asumiendo con más resignación que enfado, pero que no por ello no dejan de ser inaceptables.
El cambio en Navarra
Lo que sorprende es la forma improvisada y cutre con la que la cúpula de Interior organizaba sus operaciones. Con documentos falsificados extraídos de internet. O, como en el caso de Beaumont, mediante una conversación por whatsapp en la que se encarga investigar de forma genérica al “entorno” de la consejera de un Gobierno autonómico para ver si así encontraban “cosillas”.
El espionaje a Beaumont es en cualquier caso una evidencia más de que a determinados poderes del Estado les incomodaba de manera especial el cambio de Gobierno en Navarra, que por primera vez iba a estar formado por partidos que no estaban ligados ni al PSOE ni PP. Y aunque aquello ya no se podía impedir tras las elecciones, al menos había que evitar que triunfara.
A falta de piezas mayores, y con un Gobierno formado en su mayor parte por perfiles profesionales e independientes, los ataques se centraron en Beaumont, víctima de una campaña de acoso y desprestigio antes incluso de que de que tomara posesión del cargo. Basada en acusaciones falsas y prejuicios contra una abogada de contrastado nivel profesional y vinculada con movimientos populares no violentos.
Un primer aviso de los obstáculos que el Gobierno de Uxue Barkos se iría encontrando después por parte de otros estamentos del Estado. Pero también de aquellos agentes sociales y económicos que hasta entonces habían administrado Navarra a su imagen y semejanza. Y que trataron de hacer fracasar aquella experiencia desde el primer día.
Porque es muy posible que sin aquel cambio el PSN no estuviera donde está hoy. Probablemente tampoco el PSOE. Ni sus alianzas se habrían abierto a un abanico que hace ocho años parecía imposible. Y porque aquel Gobierno puso en evidencia que en Navarra había una alternativa real y legítima capaz de dirigir la Administración al margen de los poderes fácticos habituales. Que sabía y podía gobernar. Y que, como señalan las conversaciones de la cúpula de Interior, estaba limpio.
Pudo hacerlo mejor o peor. Cometió errores y se equivocó al buscar la comprensión de quienes veían en cualquier cesión un síntoma de debilidad. Pero fue honesto y fue plural. Demostró capacidad de gestión y, sobre todo, abrió un camino nuevo que ya no tiene retorno. Habrá otros gobiernos y otras mayorías, pero la Navarra monocolor es ya Historia, y eso es algo que en ninguna cloaca van a poder cambiar. Por muy impunes que se sientan.
