Apenas tres semanas antes de lanzarse la campaña electoral de las elecciones municipales, forales y autonómicas del 28-M, la vivienda ha aterrizado en el centro del debate político del modo menos esperanzador, con una subasta de propuestas entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo cuya efectividad real está por acreditar y, en algunos casos, evidencia un impacto menor del atribuido. En cualquier caso, el asunto ha llegado para quedarse en el pulso electoral con iniciativas de políticas estatales a pesar de que la competencia es autonómica y su mayor impacto es municipal. El anuncio de Sánchez de destinar al alquiler social 50.000 viviendas de la Sareb –los activos inmobiliarios del “banco malo” creado para salvar al sector– se ha visto minimizado en su alcance por la realidad de que no pasan del 18% las que se encuentran en disposición de ser habitadas y que, en el caso de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, la cartera inmobiliaria apenas supera el centenar de viviendas. En el origen está el desequilibrio evidente de la oferta heredada a raíz del boom turístico previo a la crisis de 2008, que ha configurado esa cartera a base de bolsas de segundas viviendas –las dos terceras partes se ubican en Catalunya, Valencia, Murcia y Andalucía– en áreas diferentes a la demanda de emancipación. La contraoferta de Núñez Feijóo, igualmente dirigida a seducir a un votante juvenil, habla de ofrecer 1.000€ a los jóvenes para sus gastos de acceso a la vivienda, destinar más suelo público a la construcción de inmuebles orientados al alquiler social y avalar las fianzas de alquiler o el 15% del valor de compra. Pero la cesión de suelo público vinculado a un alquiler bajo depende de que un promotor lo urbanice, es una práctica en vigor desde hace décadas a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento, proyecta hacia un futuro incierto su efecto sobre el mercado inmobiliario y no ha servido hasta la fecha para facilitar la emancipación. En el caso de los avales y financiación de gastos iniciales, seguirá dependiendo de la capacidad adquisitiva de los jóvenes ante un mercado libre excesivamente caro o uno público poco desarrollado. No augura mayor accesibilidad al primero ni suficiente crecimiento a corto o medio plazo del segundo que las medidas autonómicas ya en vigor.
