Unos tan a gustito, otros van tirando y la mayoría hechos al palo, vivimos en un sistema muy posiblemente injusto pero aceptado como animal de compañía. Nos ha tocado el trozo de mapamundi que se corresponde con el ordenamiento económico, jurídico y social capitalista, un sistema con las leyes de la propiedad privada, el libre mercado, la oferta y la demanda; en fin, que esto es lo que hay en esta parte que habitamos. Otra cosa hubiera sido si la vida nos hubiera llegado varios centímetros más abajo en el mapa, o si hubiera sido realidad aquello de la revolución pendiente.

Hemos elegido, y refrendado en las urnas, vivir en una estructura que no es capaz de superar el dilema entre lo justo y lo injusto, un modo de vida sometido a dudosas prioridades que, a la vista está, dan pie a situaciones próximas al atropello y a la inmoralidad. Situaciones que mucha gente no comprende ni puede asimilar por injustas y abusivas. Dura lex, sed lex, es un mítico principio jurídico que los más desfavorecidos no pueden aceptar. La ley es dura pero es ley, quiere decir que a tragar, que cuando unos derechos naturales, básicos e irrenunciables tropiezan con el Código Civil dejan de serlo.

Duro peaje el de las prioridades, cuando su aplicación pervierte el orden natural de las cosas, cuando el resultado es en perjuicio de los más débiles o deriva en absoluto disparate. En nuestro espacio vital capitalista del que son modelo supremo los Estados Unidos, tenemos ejemplos de aplicar ese principio de prioridad que claman al cielo. Mientras todos los días se estremece esa sociedad llorando las víctimas de locos tiroteos a discreción en escuelas o locales comerciales, cualquier sujeto puede armarse hasta los dientes apelando a la Quinta Enmienda, texto constitucional que prioriza el derecho a portar armas a todos y todas las estadounidenses. Caiga quien caiga.

De vuelta a casa y metidos en prioridades, todos los días comprobamos que el derecho a la vivienda –constitucional ¿eh?, constitucional– queda relegado a la prioridad del principio de la oferta y la demanda, ante el que nadie, ningún gobierno, ninguna autoridad, puede intervenir. El sistema impide la más mínima intervención ni control de la Administración sobre los precios de la vivienda, ni de los alquileres, ni de nada que tenga que ver con la sacrosanta propiedad privada y el libre mercado. ¿Que el derecho constitucional a la vivienda se reivindica en vano? Es el mercado, amigo, y también caiga quien caiga.

Uno, que hace la compra a diario, comprueba que hortalizas, verduras, lácteos, productos de limpieza, carnes, pescados, todo, va subiendo de precio de manera implacable. Y para qué contar el suministro de energía, los intereses bancarios, el combustible, en fin, todo eso que constituye el paraíso del primer mundo. Que a nadie se le ocurra soñar con que los gobernantes van a meter mano para evitar el enriquecimiento de los responsables de estos atropellos, que se ciscan en el derecho a la vida digna que todos tenemos. La prioridad es la economía de mercado y no es posible ninguna intervención para detener esta locura. Otra vez caiga quien caiga, por supuesto. Y por respeto a esas prioridades, siempre caen los mismos, porque cuando hay colisión de derechos, siempre se priorizan los de la minoría fuerte frente a los de la mayoría débil.