Estamos en una época en la que los precios de la vivienda libre y de segunda mano están fuera del alcance de muchísimos. De la misma manera, la falta de suelo hace que cada vez se construya menos y que las viviendas protegidas se cuenten con los dedos de las manos. Así, muchas personas con ingresos susceptibles de comprar VPO o VPT acuden a interesarse por esas viviendas VPO o VPT que podrían comprar por ejemplo en Sarriguren o Mutilva y que al ser viviendas VPO o VPT en origen tienen que ser vendidas con un precio que ha fijado el Gobierno de Navarra.
Recordemos que hace años había un lapso de tiempo para poder vender como libres las VPO, pero que ahora ese lapso ha desaparecido y que hay que venderlas como VPO, con las consiguientes revalorizaciones del módulo. Quien vende VPO ha visto revalorizar su casa dignamente. Bien. Vas tú, con tus ingresos válidos para una VPO –un comprador de VPO de segunda mano es controlado por el Gobierno de Navarra, como debe ser–, acudes al anuncio que ves en una web y compruebas que, efectivamente, el precio que te pide el vendedor es el correcto, el que marca la ley.
Pero, aquí viene la trampa o la desvergüenza, el vendedor te indica que tienes que abonar 16.000 euros por los muebles o si no no hay venta. Le dices que no quieres muebles, que los llevas tú. No hay venta. En otros casos, te indica que la plaza de garaje vale 30.000, precio fuera de mercado. Ambas exigencias quedan fuera de lo legislado, así que legalmente se pueden hacer. Lo que logra el vendedor con ellas es inflar artificialmente el precio de venta, aunque el piso como tal lo venda, yo qué sé, a 170.000, el precio legal. Cuando el ciudadano –que se ha visto beneficiado por ayudas y precios más baratos– se convierte en un vil especulador, tiene que ser el Gobierno el que investigue esto, lo frene, lo pare y si no puede que lo gestione directamente. Basta de abusos.
