Lo de las listas de EH Bildu con siete candidatos cuya militancia pasada en ETA les llevó a ser condenados por asesinato no es solo un episodio más de la permanente utilización de las víctimas, o de algunas víctimas del terrorismo, para azuzar la bronca política. Que también lo es. La recuperación periódica del cadáver hediondo de ETA es ya un clásico en una política española en estado de turbulencia y golpismo permanentes. De hecho, su vuelta al ruedo ya se intuía antes de que se hicieran públicas esas listas. Es más que todo eso. Sitúa en el punto de mira a EH Bildu específicamente, porque sus decisiones también vuelven a situar a ETA en el centro del debate político y social en este inicio de campaña. Como si siguiera necesitando de ello.

Y cuando se llama a la puerta de la Audiencia Nacional donde la justicia garantista y democrática suele descansar, la puerta se abre. No sé. En política no hay casualidades y en esta decisión tampoco. Por supuesto, la presencia de esos candidatos se ajusta la legalidad toda vez que han cumplido sus condenas y son ciudadanos con todos sus derechos civiles y políticos vigentes. Como también era legal la presencia de uno de los asesinos de la matanza de Atocha de sindicalistas de CCOO en la lista de Falange en Bilbao y no por ello EH Bildu dejó de criticarla y señalarla por inaceptable.

O igualmente es legal el ascenso a teniente general de la Guardia Civil de Arturo Espejo, uno de los agentes implicados en el interrogatorio y torturas que acabó en la muerte del joven navarro Mikel Zabalza en 1985 en Intxaurrondo. EH Bildu puso el grito en el cielo en ese caso. Son dos ejemplos recientes que sirven para cuestionar el argumentario y la decisión de EH Bildu de incluir a esas personas en sus listas. Ejemplos de cómo en la política hay expertos en señalar la paja en el ojo ajeno, pero incapaces de ver la viga en el propio.

¿Con qué que credibilidad pueda ahora EH Bildu denunciar la humillación y el trato injusto a la familia de Zabalza si en sus candidaturas comparecen ciudadanos condenados por asesinato con lo que eso significa de trato injusto y humillación a las familias de los asesinados? Con ninguna. Pero eso supongo que da igual, porque no entra en la ecuación de su análisis político y social sobre la falta de coherencia. El objetivo seguramente era más peregrino, la consecución de protagonismo político y mediático en el inicio de la campaña electoral. En otros tiempos, ese protagonismo lo acaparaba la vieja izquierda abertzale de forma indirecta como consecuencia de la irrupción de ETA dejando algún cadáver junto a la urnas. No tiene un pase ni coherencia.

Es un paso atrás, se defienda como se defienda, en los compromisos públicos hechos por EH Bildu –que en Navarra, tras laminar a EA, es ya casi solo Sortu–, sobre el daño y el sufrimiento causado por la violencia de ETA. La política en defensa de los valores de la democracia y los derechos humanos no es solo ni prioritariamente una cuestión de legalidad, sino de ejemplaridad. También la Ley Mordaza es legal y eso no le otorga ningún aval democrático incuestionable. De ética y estética en la política. En realidad, más allá del éxito efímero en su política de comunicación, este error será de nuevo, como poco si hay suerte, una pesada losa más en su capacidad de influencia y acuerdos. Al menos a corto plazo.