El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, tilda de “alarmante” el aumento del 40% de los casos registrados en el primer semestre del año en los juzgados de Violencia sobre la Mujer en la Comunidad Foral. Advierte de un escenario preocupante en medio de una de sus mayores crisis de credibilidad del cuerpo judicial por el goteo de rebajas de penas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ‘ley del sí es sí’. En Navarra se han estimado al menos ocho recursos de revisión de condena.

La más célebre, tristemente, la rebaja de la condena en un año de uno de los miembros de La Manada que puso de manifiesto dos maneras muy diferentes en las que los magistrados han interpretado el recurso del condenado. Precisamente Joaquín Galve y Francisco Javier Fernández votaron a favor de la rebaja, mientras la tercera (Esther Erice) emitió un voto particular oponiéndose al criterio de sus compañeros dada la gravedad de los hechos y más allá de los cálculos aritméticos. No son por tanto tan descabellados los “foribundos” ataques e “intento de desprestigio” a los que se refiere Galve por las rebajas de penas. Sin quitar responsabilidad al Gobierno estatal sobre una ley sin duda mejorable y con defectos técnicos, lo cierto es que el llamamiento a los jueces para que interpreten la ley conforme al “espíritu” de la norma y del criterio de la Fiscalía (si la pena del reo encaja en la horquilla de penas de una nueva ley, no procede a revisarla) no ha resultado como se esperaba.

Nadie entiende que el principio de retroactividad de las sanciones más favorables (la nueva horquilla de penas que se produce al ampliarse los supuestos) pueda estar por encima de determinados hechos cuando existen mecanismos como el agravante de abuso de superioridad, principalmente en el caso de violaciones a menores. De nada sirve por tanto anunciar un segundo juzgado de violencia si todavía queda camino por recorrer en la mentalidad de muchos jueces. Y en un momento en que la propia Fiscalía alerta del aumento de agresiones sexuales en menores.

Chavales que ven cómo la sociedad no resulta ejemplar en sus condenas y penas. Poco importa la equiparación del abuso y la agresión sexual porque lo relevante, en el primer caso, haya o no violencia o intimidación, es que no haya habido consentimiento. Y ése debe ser el mensaje que debemos hacer valer. Una ley, por tanto, necesaria, progresista, para jueces todavía demasiado conservadores.