La movilidad urbana se ha convertido lamentablemente en un arma política arrojadiza. Romper carriles bicis o paralizar proyectos de sostenibilidad urbana impulsados por gobiernos de progreso parece ser una señal de cambio de la derecha, es decir, retroceder a un modelo de ciudad ya superado. Ha ocurrido en otras ciudades como Barcelona, Logroño o Valladolidad. La céntrica Avenida Portugal de la vecina Logroño, sin ir más lejos, ha vuelto a tener gracias al PP dos carriles de circulación y aparcamientos para coches al quedar eliminado el carril bici. Y con ayudas europeas tiradas a la basura. En el caso de Iruña, la alcaldesa Cristina Ibarrola ha decidido boicotear unilaterlamente el acuerdo a tres bandas firmado por su antesor Enrique Maya con el Gobierno foral y el Ayuntamiento de Burlada. Un carril bici en Beloso seguramente mejorable en su diseño pero necesario para la conexión de peatones y ciclistas de todo el cinturón comarcal de Burlada-Villava y Huarte con el centro de Pamplona, y apoyada por fondos europeos por valor de 4,2 millones. Desconozco si el megavoladizo de cinco millones era la mejor alternativa técnica para enlazar ambos municipios de manera sostenible pero apelar a la tala de árboles para frenar el proyecto suena más a venganza dada la oposición que ha encontrado la regidora al proyecto de la Plaza de la Cruz y que la ha obligado a recular con las obras en marcha. Un golpe de timón de quien, cien días después, sigue buscando el protagonismo.
