La derecha en pleno sale este domingo a las calles de Barcelona para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Bajo el lema En mi nombre no. Ni amnistía ni autodeterminación, Sociedad Civil Catalana ha organizado un acto que prevé reunir a los principales dirigentes de la derecha. Entre ellos a los presidentes del PP y de Vox, que si bien no se harán la foto conjunta volverán a coincidir en una protesta de clara intencionalidad política.
La premisa de la manifestación es que Sánchez negocia con los dirigentes de ERC y Junts dar carpetazo a las consecuencias judiciales del procés independentista de la última década. Una amnistía que puede ser criticada, entre otras cosas porque los propios socialistas la han venido rechazando hasta hace bien poco. Y que, si se produce, previsiblemente acabará en el Tribunal Constitucional.
Pero que no deja de ser una excusa más para movilizar a una parte de la población y sentar las bases con las que cuestionar la legitimidad de un nuevo Ejecutivo socialista. Las palabras de Santiago Abascal en el frustrado pleno de investidura de Feijóo (“La amnistía es un ataque, una agresión de la que el pueblo español tiene el derecho y el deber de defenderse. Y lo hará. Después no vengan lloriqueando”), son una advertencia que conviene tomar en serio.
Es en estos términos en los que se ha planteado una movilización en la que aterrizará el PP en pleno y que la extrema derecha tratará de capitalizar. Y a la que vuelve a acudir UPN, arrastrado por una estrategia de polarización sin más alternativa que la de ejercer la oposición frontal tanto al Gobierno de Navarra como al de Madrid.
La manifestación de este domingo tampoco es ninguna novedad. Sigue el esquema de las múltiples protestas que el PP promovió contra el Gobierno de Zapatero sin que aquello tuviera ninguna rentabilidad electoral. Y recuerda mucho a la cita de hace casi cinco años en Colón. Una foto en la que ya no están ni Pablo Casado ni Albert Rivera, y que sólo ha acabado beneficiando a la extrema derecha, que ha ocupado el lugar de Ciudadanos como socio tóxico del PP en ayuntamientos y gobiernos autonómicos.
A diferencia de Coalición Canaria, que gobierna con el PP pero que se abre a pactos con el PSOE en Madrid, UPN ha optado por un apoyo férreo a Feijóo, rechazando cualquier negociación con Sánchez en la investidura en medio de una campaña de acoso y derribo que deja a los regionalistas en un rincón del arco parlamentario, sin apenas margen de maniobra.
El eterno dilema
UPN vuelve a encontrarse así en el eterno dilema en el que vive desde 2007. El que le llevó primero a movilizarse contra Zapatero al grito de Navarra no se vende, y a romper con el PP después. No acaba de decidir si quiere ser un regionalismo abierto a pactos o la franquicia de la derecha española en Navarra. Una indefinición que acaba resolviéndose siempre del mismo lado por el temor a perder la hegemonía en el espacio conservador.
No está claro sin embargo que eso le reporte ningún beneficio electoral. UPN sigue en los 15 parlamentarios que tuvo en 2015 y el PP ya ha conseguido ganarle en una convocatoria de ámbito estatal. La oposición frontal al PSOE, y al PSN en Navarra, complica posibles puntos de encuentro y amenaza bastiones que hasta ahora parecían intocables. También la alcaldía de Pamplona, donde poco a poco crecen los ecos de una moción de censura.
La decisión final del PSOE en la capital seguramente no dependerá de lo que haga o deje de hacer UPN, pero desde luego su posición facilita mucho un paso que el socialismo navarro hasta ahora nunca se ha atrevido a dar. Porque si de lo que se trata es de buscar argumentos que justifiquen un cambio en la capital, los regionalistas se lo empiezan a poner muy fácil.
El PSOE no se va a meter en una operación de este calibre sin el Gobierno de España previamente amarrado con una mayoría estable y garantías de gobernabilidad. Mucho menos si se frustra la investidura y hay repetición electoral. Pero es un paso que se asume de forma cada vez más natural en Navarra y también en Madrid, donde el apoyo leal y estable que ofrece EH Bildu contrasta con la agresividad permanente de UPN.
La decisión no es fácil y tiene también sus riesgos, pero la propia Cristina Ibarrola parece dispuesta a facilitarla, incapaz de tender puentes que permitan la gestión de una ciudad que va para ocho años de parálisis institucional. La culpa no es solo suya, pero no por eso deja de ser un mal escenario. Especialmente para una alcaldesa en minoría que presume de tener como referencia al alcalde de Madrid, uno de los dirigentes más beligerantes contra el Gobierno de Sánchez.
El cambio en Iruña, si llega, será sobre todo una cuestión de coherencia. Evolución lógica de una mayoría política que acaba de renovar el Gobierno de Navarra y que empieza a encontrar acuerdos en otras instituciones. La última ha sido la Federación de Municipios, donde UPN presentó como alternativa al alcalde Tudela, Alejandro Toquero. Síntoma de que no ha entendido nada. Con sus diferencias y sus rivalidades, la mayoría progresista camina por una vía de acuerdo que tendrá sus dificultades, pero que con su actitud UPN no hace sino consolidar.
