El periodista Pablo González cumple dos años en prisión preventiva en un centro penitenciario de Polonia. Han pasado 24 meses, 720 días y ocho prórrogas de su encarcelamiento sin juicio y nada ha cambiado en su situación. No hay nada nuevo para contar, solo seguir insistiendo en la injusticia de su situación. Polonia no ha aportado ni una sola prueba sobre sus acusaciones contra Pablo González de presunto espionaje para Rusia. Ni siquiera se han presentado cargos contra él todavía. No solo la justicia polaca no ha mostrado documentación que avale sus acusaciones, sino que el caso se ha enmarañado con sucesivas filtraciones interesadas e insinuaciones igualmente sin pruebas con el objetivo de señalar a Pablo González. La desinformación, el silencio y el oscurantismo en el proceso son otras de las claves de la vulneración de sus derechos ciudadanos.
En estos dos años de cárcel –que acaban de ser prorrogados otros tres meses–, Polonia no ha respetado ni uno solo de los derechos que le asisten como profesional de la información ni como ciudadano europeo y ha vulnerado toda la legislación europea de protección de derechos humanos y civiles de Pablo González y también todas las obligaciones garantistas del sistema judicial europeo aplicando y prolongando la prisión preventiva, una fórmula excepcional que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debería ser la última opción. Hay una enorme capa de silencio sobre su caso. La censura campa a sus anchas en la Rusia de Putin, sin duda, pero también la imposición de la verdad oficial, que es propaganda, ocupa prácticamente todos los espacios informativos y de opinión en Occidente. En este sentido, el silencio y la inacción de las autoridades españolas en el caso de Pablo González durante estos dos años es democráticamente inaceptable.
Dice ahora el ministro Albares que se ocupa del caso y que desde el Ministerio de Exteriores “hacemos todo lo que está en nuestra mano”. Solo faltaba. Muy poco, en realidad. Pablo González sigue condenado a incomunicación gran parte del día y tiene dificultades de para gestionar su defensa con sus abogados y para conectar con su familia. La presunción de inocencia, la libertad, el derecho a la defensa y un proceso judicial con garantías para el periodista Pablo González son exigencias democráticas mínimas e irrenunciables. Lo contrario es otra vez más una puerta abierta a que tras él sean atropellados otros periodistas o cualquier ciudadano o grupo que le toque después. De hecho, siguen muriendo también periodistas cubriendo la invasión rusa de Ucrania.
Decenas han sido asesinados solo en unos meses por el Ejército de Israel por su labor informativa en Gaza, y más periodistas son igualmente aniquilados o condenados a penas de muerte en otros países del mundo. Sin olvidar que Assange sigue esperando que un tribunal británico decida sobre su último recurso para evitar su extradición a EEUU, donde será encarcelado de por vida solo por haber hecho públicos informes y documentos sobre espionajes, grandes negocios negros y atrocidades cometidas durante años en Irak o Afganistán. Siempre habrá periodistas trabajando para contar esas historias, desvelar la verdad y salvaguardar el servicio público que es el derecho a la información. Y siempre habrá periodistas que sufran por ello, que sean perseguidos, asesinados o encarcelados. También en Europa.
