Periódicamente saltan a los medios de comunicación informes y advertencias sobre el riesgo de grandes sequías y grandes inundaciones en un futuro inmediato. No sé hasta donde esas previsiones pueden ser tan catastróficas como prevén a corto plazo, pero el avance de la desertización a lo largo del planeta Tierra parece real. Las hemos visto en el Estado español cada año con mayor alcance, tanto en ríos como en embalses sin apenas caudal o a cotas mínimas. Aunque quizá esos mismos ríos y pantanos el año que viene o el siguiente provoquen inundaciones. Nunca se sabe. Pero el riesgo de sequía pone sobre la mesa otro debate de peso: la batalla del agua.
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La revista Science hizo público el pasado jueves un informe de del Instituto Federal Suizo de Ciencia y Tecnología Acuáticas, realizado por científicos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (Suiza) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras organizaciones que cifra en 4.400 millones las personas que carecen de acceso a agua potable y, además, casi la mitad de la población de estas regiones está afectada por la contaminación fecal. Un dato que duplica anteriores estimaciones. De hecho, según cifras de la ONU en 2020, serían 2.000 millones las personas no tienen acceso a una cantidad suficiente de agua para satisfacer sus necesidades básicas.
En todo caso, unas u otras, las cifras muestran una realidad terrible: la imposición de las grandes empresas transnacionales, que han multiplicado en los últimos años sus ganancias con las privatizaciones de los acuíferos, la sobre explotación agrícola y el embotellamiento del agua, sobre los derechos de millones de seres humanos: 4.000 niños mueren al día por ingerir agua no potable.
El acceso al agua potable es un derecho humano y es fundamental para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), pero la escasez, desregulación y privatización del agua deriva en catástrofes humanas y sociales que tienen efectos desastrosos en los derechos humanos. En esta guerra entre el ultraliberalismo económico y el conservadurismo político con la ética democrática y los derechos humanos, el agua es ya un objeto de deseo mercantil, una mercancía más a privatizar y explotar. Una batalla más entre mercado y humanidad.
Es una obligación ética asegurar desde las instituciones una gestión global del agua sostenible y no mercantilista, que asegure el uso del agua como elemento de crecimiento económico desde criterios de necesidad, suficiencia y equidad social y territorial. Es verano y ha llovido poco. El agua, como la sanidad, la educación o la atención social son derechos humanos imprescindibles para la vida de personas, animales y plantas en este Planeta Azul. Convertirlos en negocios es un desastre. Sin tonterías.