El último informe del Consejo de Europa sobre la situación del euskera en Navarra constata que las políticas institucionales que se aplican en Navarra no garantizan los derechos de las personas euskaldunes en la Comunidad Foral. No es nuevo. Las recomendaciones del Consejo de Europa sobre las lenguas minorizadas son escasamente atendidas por el Estado español. De hecho, este informe denuncia también la desidia institucional en la protección de otras lenguas del Estado en retroceso en Aragón, Asturias, Extremadura o Castilla y León y señala una abierta hostilidad social contra el euskera o el catalán.

A Navarra le han venido lloviendo desde hace años advertencias y demandas desde Europa por su trato discriminatorio al euskera y ahora vuelve a cuestionar esa actitud excluyente, obsesiva y en buena medida ilegal. El Consejo denuncia importantes deficiencias en el uso de esta lengua en sanidad y justicia, en un momento en que se proliferan sentencias judiciales con una interpretación restrictiva y abusiva contra el euskera, e insiste en las dificultades de su uso en la administración por las trabas de acceso. También sitúa la zonificación política del territorio como el mayor obstáculo para el progreso y normalización del euskera en Navarra.

Lo cierto es que pese a los avances que se han ido consolidando poco a poco desde 2015, la lingua navarrorrum sigue instalada en un trato de anormalidad por parte de las instituciones. De hecho, la única normalidad real que vive el euskera en pleno siglo XXI, por encima de las trabas políticas, económicas y administrativas, es su consolidación gracias al esfuerzo de miles de familias y profesionales por facilitar la convivencia de las dos lenguas de Navarra y ampliar la cualificación profesional de las nuevas generaciones en ambas asumiendo sin complejos también otras lenguas extranjeras.

Pero esa normalidad social no se corresponde ni con la normalidad política ni con la normalidad legal mínima exigible si tenemos en cuenta que el trato de la Administración foral al euskera dista mucho de asumir siquiera los postulados mínimos del Consejo de Europa o del artículo 3.3 de la Constitución, incumplido durante décadas en Navarra con medidas persecutorias contra el euskera. Siguen las trabas para abrir líneas del modelo D y para su extensión en la Zona Media y Sur de Navarra pese a la demanda de las familias, se bloquea la apertura de circuitos bilingües en la Administración, se reducen muy por debajo de la demanda las plazas y centros en las escuelas infantiles, etcétera. Y se sigue obstaculizando la baremación al mérito del euskera mientras se mantiene en en otras lenguas que no son cooficiales en el Estado ni propias de Navarra para esos mismos puestos. Ni siquiera se han atendido los informes de instituciones forales independientes como el Consejo de Navarra y el Defensor del Pueblo para que el euskera deje de estar discriminado respecto a otras lenguas o para garantizar su presencia legal en las señales viarias.

En realidad, pese a que en el actual Gobierno de Chivite hay una mayoría de votos y partidos, que son los que le sostienen y apoyan en el Parlamento, en favor de un política positiva con el euskera, los avances son lentos y limitados. Hasta ahora los informes del Consejo de Europa han sido arrojados a la papelera más cercana. ¿Se leerán esta vez esas recomendaciones? Y claro atenderlas sin prisas, pero sin pausa.