Nada nuevo. Nada que no sea el semana a semana. El ruido incesante sobe la corrupción en el Estado español lo vuelve a salpicar todo. El caso Koldo sigue adelante y acerca la posible imputación del ex ministro Ábalos. Como todos los casos, una mezcla de tipos chusqueros y patibularios en los aledaños del poder político. Una corrupción con una indisimulado tufo cutre. A Zaplana le han confirmado una condena de 10 años y tendrá, se supone, que visitar la cárcel. Sigue activo el salchucho del novio de Ayuso que antes que a él ha llevado a los tribunales, bien es cierto que con auto de la Sala Segunda del Supremo, allí donde campa a sus anchas Marchena, más que forzado, al Fiscal General del Estado, un hecho inédito en la democracia. Ahora el famoso novio, el tal Alberto González Amador, denuncia a Sánchez y al ministro Bolaños por llamarle “delincuente confeso”. No lo sé, pero que está imputado tras haber reconocido al menos dos fraudes fiscales al falsear facturas después de 17 reuniones con la Agencia Tributaria y que él mismo ofreció a la Fiscalía negociar un acuerdo es una realidad publicada. Quizá en el sindiós en que llevan años campando corrupción y justicia igual pilla un subterfugio legal que le sirva de salida. Entremedio, Ayuso anuncia que no acudirá a la reunión que ha ido convocando Sánchez con todos los presidentes autonómico para abordar la financiación pendiente. Es un desplante a Sánchez con el objetivo político de dejar en evidencia a Feijóo, quien afirmó hace solo unos días que sería una irresponsabilidad que un presidente autonómico no acudiera a un encuentro con el presidente del Gobierno, y al resto de sus compañeros del PP que también son presidentes de comunidades autónomas y cumplieron con su responsabilidad institucional. Para completar, la Audiencia Nacional ha tumbado a la primera la denuncia del PP por corrupción contra el PSOE por más o menos ser chapucera. Con Zaplana ya son más de una docena de ministros de Aznar señalados o condenados por casos de corrupción. Sin olvidar que está pendiente todo el montaje de la policía política del PP con Rajoy con sus espionajes, pruebas falsas, obstrucción a la justicia, etcétera, además de otros 26 juicios pendientes que aún acumula esta partido, ya condenado en firme por corrupción. Quizá por todo esto y más –los casos acumulados de épocas anteriores como la corrupción felipista del PSOE–, el 95% de los ciudadanos cree que hay corrupción generalizada en el Estado. Un problema endémico y permanente en la política española, inherente al sistema que lleva desde muchos siglos atrás anidando en los más profundo de las estructuras de poder del Estado. La corrupción es otra excepción más que sitúa al Estado español muy lejos de los niveles de responsabilidad política y ética mínimos de las democracias avanzadas. Ni PSOE ni PP han sido capaces de erradicar la corrupción. Al contrario, han optado por apuntar con el dedo acusador al adversario con el banal argumento del ventilador y el y tú más. El esperpento este se sigue, desde las sillas del gallinero que en la Villa y Corte llaman provincias, entre la preocupación por las sombrías historias que describe y las carcajadas y sonrojo que provocan el ínfimo nivel interpretativo de los protagonistas. Y Feijóo de convidado de piedra.