La sentencia conocida el viernes mediante la que el Tribunal Supremo ratifica que el PP pagó con dinero negro las obras de su sede central en Madrid supone un nuevo varapalo para la formación ahora liderada por Alberto Núñez Feijóo, que vuelve a enfrentarse a los fantasmas de un pasado bajo el mando de José María Aznar y Mariano Rajoy, y se convierte en la tercera condena en firme contra los populares por corrupción.
El fallo del alto tribunal español ratifica en su mayor parte la sentencia emitida por la Audiencia Nacional en 2021, que consideraba probado que el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, pagó casi un millón de euros en negro para acometer las obras de reforma de la sede de Génova y condenaba también a la formación conservadora como responsable civil subsidiario. Esta nueva sentencia ratifica, así, un aspecto ya conocido pero clave: que en el PP existía una caja B, una contabilidad paralela institucionalizada en el partido, lo que anula la estrategia popular de atribuir a su extesorero la responsabilidad única tanto de estos abonos como de los llamados papeles de Bárcenas que detallaban los pagos ilícitos. El Supremo otorga, así, veracidad a la existencia de una contabilidad B del PP en los aspectos enjuiciados, aunque no ratifica que todo lo que figura en los apuntes manuscritos de Bárcenas sea cierto porque en el caso se juzgan extremos que se han podido acreditar por otras pruebas.
Ello significa que la verdad judicial sigue ignorando, por ejemplo, quién era M. Rajoy. Una cuestión prácticamente imposible de demostrar ya que el propio PP se ha ocupado de que no afloren pruebas de los pagos en B con maniobras como romper a martillazos el disco duro del ordenador. También es significativo que la sentencia reduzca penas por la dilación en la actuación de la justicia o que el tribunal se alinee con la tesis de que no hay delito de falsedad porque considera que se trata de “una mera falsedad ideológica”. Curioso argumento, ya que si existe una caja B y se hacen pagos reales con ella y se elaboran documentos ficticios (por un menor importe) para ocultarlos y no cotizar a Hacienda, se trata de un fraude muy real y no simplemente ideológico. En cualquier caso, faltan aún muchas explicaciones por parte del PP, acreditado una vez más judicialmente sus vínculos directos con la corrupción.