En una sociedad donde trámites esenciales como acceder a servicios de salud, gestionar subsidios o pagar facturas están migrando exclusivamente a plataformas digitales, la falta de acceso a internet o habilidades para usarlo agrava la exclusión social. Las estadísticas lo demuestran: un 52,4% de las personas sin educación secundaria y un 41,5% de quienes viven en pobreza están digitalmente excluidas. Esto no solo los priva de comodidad, sino de derechos básicos, reforzando las desigualdades existentes y limitando sus oportunidades para avanzar en una sociedad cada vez más digitalizada.
Es fundamental que los gobiernos, empresas y organizaciones sociales prioricen la inclusión digital, no solo como acceso a dispositivos o internet, sino mediante la formación en habilidades digitales. Los programas deben abarcar a personas mayores y sectores vulnerables que, al carecer de herramientas digitales, enfrentan barreras insalvables para integrarse plenamente a la vida cotidiana. Combatir esta brecha no es solo cuestión de justicia social, sino un paso indispensable hacia una sociedad más equitativa y participativa.
