La política se ha llenado de iniciativas y debates sobre revisiones y reformas de la fiscalidad en busca del marco que estabilice las capacidades financieras de las administraciones públicas. Los territorios forales están inmersos en una actualización que precisa un acuerdo armonizado que ya se tramita en el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y que está en fase de diagnóstico para la revisión que acometerá el próximo año, en el de Navarra.
En el marco del Estado, la fiscalidad también es un debate recurrente entre los modelos más liberales que abandera la derecha y los más intervencionistas que auspicia la izquierda. Un modelo fiscal para un estado de bienestar como el vigente precisa ser analizado y proyectado con una visión más amplia que la propia función recaudatoria de las normas que contempla. La simplificación de las decisiones en función de la presión fiscal –para elevarla o para reducirla– conduce a diagnósticos tan inseguros como reducir el diseño fiscal a la máxima extracción posible de recursos para la financiación de las políticas públicas. Hay un estándar contrastable de necesidades recaudatorias que deriva de la existencia de un sistema de servicios públicos y de integración social que debe alimentarse. No hay un mandato social para desmontarlo y, en consecuencia, la reducción sistemática de la recaudación mediante bajadas de impuestos directos no permite equilibrar el esfuerzo fiscal mediante los indirectos. Lo mismo para los aplicados al tejido económico –Sociedades– o al social –IRPF–.
La progresividad debe marcar la aplicación de uno y otro. Igualmente, considerar un incremento de la recaudación como virtud oculta una verdad fiscal universal: la obtención estable y sostenible de recursos públicos está relacionada con la capacidad del entorno socioeconómico de que la actividad genere riqueza. No hay distribución posible sin ella. Un modelo fiscal que sólo se fije en el incremento del tipo tributario para recaudar más no garantiza esa creación. Una presión fiscal del 40% no es necesariamente más equilibrada que una del 36% si la primera se aplica sobre un tejido que genera menos actividad y empleo que la segunda. La financiación suficiente de los servicios públicos depende, en primer lugar, de que el terreno del que se extraen recursos dé fruto de forma recurrente.