Deshonor para un Estado democrático. La negligencia en la defensa de los Derechos Humanos, una mancha grave. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a sacar los colores al Reino de España. El ministro Grande-Marlaska pasó mal rato en la sesión de control al Gobierno de esta semana cuando una diputada de EH Bildu resumió con precisión la sentencia condenatoria por “mala praxis policial y judicial” en un caso de doble violación con presunta sumisión química. La decisión de la Corte de Estrasburgo causa “preocupación” al ministro por “la desconfianza que puede generar en el conjunto de víctimas”.

Le consuela que esa mala praxis no sea “una práctica generalizada, tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como en los órganos judiciales”. Después, faena de aliño, se explayó en la legislación sobre protección de víctimas de agresiones sexuales y también en los “controles efectivos” internos del trabajo de los cuerpos policiales.Pero no todos sus miembros son devotos de los Santos Ángeles Custodios, sus patronos. En este caso, un policía nacional de la propia unidad investigadora era cuñado de uno de los acusados: “Dicha relación familiar (descubierta que no confesa) no cumplía con el estándar de independencia suficiente y podía comprometer el desarrollo y la eficacia de la investigación”.Los hechos fueron denunciados en diciembre de 2016, el año de La Manada.

La sentencia definitiva ha llegado 9 años después, tras una peripecia de documentos desaparecidos y pruebas borradas durante su custodia policial (“La reacción de las autoridades nacionales ante la pérdida de pruebas no parece suficientemente rigurosa”) y un largo itinerario de frustraciones judiciales. Manual de resistencia de unas jóvenes víctimas y su perseverante letrado. Grande-Marlaska es lidiador aseado de denuncias del TEDH, pues una decena le han concernido por no investigar acusaciones de tortura. El Estado de Derecho y sus renglones torcidos.