Las dos víctimas de la violación con sumisión química en Pamplona en los puentes forales de 2016 han tratado de sobreponerse como han podido a todos los obstáculos que les han ido saltando por el camino.

Con el recuerdo de haber sufrido unos hechos terribles, acrecentados por la incertidumbre de no saber además qué ocurrió aquella noche, han acumulado muchas horas sin dormir y una espera desesperante. El calvario lo ha saldado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con una indemnización para ambas de 45.000 euros.

Decían ayer que “estamos emocionadas con la decisión de Estrasburgo. Nuestro caso ya no se va a juzgar nunca, ni va a servir para reabrirlo, pero esperemos que sirva para el futuro. A estas alturas no nos esperábamos ya una decisión de este tipo. No habíamos perdido la esperanza, pero había pasado tanto tiempo que ya no podíamos seguir mirando atrás. Si no fuera por nuestro abogado, José Luis Beaumont, que siempre nos animó hasta el final a que siguiéramos abriendo vías en el procedimiento, no hubiéramos llegado hasta aquí.

Además, lo que demuestra el tribunal europeo es que todas las cuestiones que fuimos denunciando en su día sobre la investigación que estaba realizando la Policía, porque no era normal lo que ocurría, tenían que haberse investigado a fondo para depurar responsabilidades. Pero eso nunca ocurrió.

De alguna manera nos queda la sensación de que por fin se ha hecho Justicia, pero por otra parte, aunque se trata de una especie de victoria moral la sensación es agridulce porque no hay reparación. Ni violadores, ni amigos, ni la Policía ni los jueces por hacer mal su trabajo reciben ningún tipo de castigo”, exponían ayer en compañía de sus familias. 

5,5 años de aparente instrucción sin juicio

En diciembre de 2018, tras dos años de investigación, la que era titular de Instrucción 1 de Pamplona archivó la agresión sexual por falta de pruebas. La Audiencia le ordenó reabrirla más tarde. Pero se volvió a archivar de forma definitiva en septiembre de 2022.

La cúpula policial y el borrado de pruebas

La defensa de las víctimas de la doble violación solicita al juzgado, en este caso a Instrucción 5, que se cite a declarar a los mandos policiales por el borrado de pruebas durante el procedimiento, como el vaciado del disco duro que contenía la información del móvil de un acusado.

Juzgado y absuelto por chivatazo

El policial nacional cuñado de uno de los acusados fue juzgado en la Audiencia por revelación de secretos. La Fiscalía ni le acusó. El tribunal le absolvió. Y ello pese a que había múltiples indicios en su contra de que había preavisado a los acusados. El Supremo dijo que la absolución no era una certeza de su no culpabilidad.

La Policía se investiga a sí misma

En la última pieza separada que se incoó sobre esta investigación, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional recibió la encomienda de investigar el borrado de pruebas que se había producido en la propia comisaría de la Policía Nacional. Se faltó a la verdad en la investigación.