El PSN está beligerante con el profesorado de religión adscrito a la escuela pública. Ha registrado en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para derogar una Ley Foral de 2022 (aprobada por Navarra Suma y Geroa Bai) que garantiza el mantenimiento de esos puestos de trabajo. El PSOE convive con su incoherencia. El nacionalcatolicismo franquista reguló relaciones con la Iglesia Católica mediante el Concordato firmado en 1953. La incipiente apertura democrática se sustanció en sendos acuerdos con el Vaticano en 1976 y 1979. Este último con cuatro aspectos específicos: Asistencia religiosa en el Ejército; asuntos jurídicos; economía; educación y cultura.
La Constitución de 1978 señala en su artículo 16: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. España, por tanto, se define como Estado aconfesional. Añade: “Los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. De hecho, la Iglesia Católica determina contenidos y profesorado de la asignatura de Religión.
La derogación del Concordato y de los posteriores acuerdos con el Vaticano ha sido un “guadiana” en los programas electorales del PSOE. Y uno de sus incumplimientos flagrantes. Como derogación unilateral –algunos catedráticos de Derecho Constitucional niegan esa posibilidad– o al menos como denuncia para forzar una negociación con la Santa Sede. El Congreso socialista de Sevilla de finales de 2024 delimitó la pretensión de ruptura a uno de los acuerdos: el educativo. En esas estamos.
En 2018, el Parlamento de Navarra rechazó (UPN, PP y Geroa Bai) la reducción al mínimo de las horas de religión. En 2022, se aprobó el mantenimiento de esos puestos de trabajo (reubicación del personal y asignación de otras funciones), de su jornada y retribución, con denuncia al Departamento de Educación por falta de negociación con el personal afectado. Un Estado aconfesional obliga a una escuela pública aconfesional.