La democracia en el Estado español presume de un 44,4% de presencia femenina en el Congreso de los diputados, según especifican los datos de la IPU (Unión Interparlamentaria), pero tras la fachada institucional, los partidos mantienen una deuda pendiente y mucho trabajo por implementar, sobre todo, de puertas hacia dentro. La paridad de la Ley Orgánica 3/2007 convive con una praxis interna donde los protocolos contra el acoso parecen sufrir un sesgo de militancia. Es decir, el adversario es fiscalizado con vehemencia mientras el compañero de filas es amparado bajo una calculada ambigüedad. Al menos, en los casos que han trascendido, que empiezan a ser numerosos.

Y, pese a que puede haber tentación de considerar esta realidad como un mal menor, no lo es en absoluto. Según las cifras aportadas por el Consejo de Europa, el 85,2% de las parlamentarias europeas afirma haber sufrido violencia psicológica. Sin llegar a esos estratos institucionales, y siempre a expensas del desenlace de la judicialización de varias denuncias, en el Estado, el Partido Popular está evidenciando las costuras de este sistema en el caso de acoso en el Ayuntamiento de Móstoles, contraviniendo su propio Código Ético y generando un discurso entre primeros espadas de la formación, incluidas ellas, de absoluto abandono a la denunciante, a la que han dejado en la estacada aparentemente.

Por su parte, el PSOE, pese a liderar el marco de la Ley Orgánica 10/2022, enfrenta contradicciones similares por la lentitud en suspender la militancia de cargos en federaciones territoriales tras denuncias internas y críticas de un buen número de afiliadas por las formas de gestionar las denuncias existentes. En ambos casos, la respuesta es reactiva y supeditada a la presión externa, lo que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género identifica como un factor de riesgo que profundiza la revictimización.

La debilidad en esta materia radica en una suerte de endogamia orgánica: órganos de control compuestos por cargos designados por la propia dirección de los partidos. Sin supervisiones independientes y auditorías externas, la igualdad seguirá siendo cosmética. La regeneración ética es incompatible con el uso de la violencia de género como herramienta arrojadiza mientras se guarda silencio en el despacho de al lado.