En el último cuarto de siglo, recurrentemente, se viene hablando de la peor situación de la sanidad pública navarra. Hubo un tiempo, los 80, los 90, los primeros 2000, en los que el nivel de satisfacción que mostrábamos los navarros era superior a los que posteriormente se ha ido mostrando.
En 25 años, Navarra ha ganado 130.000 habitantes –ha crecido un 25%–, la población de más de 64 años, la que más recursos lógicamente consume, ha subido 4 o 5 puntos porcentuales y en miles de personas en términos absolutos y, por lo que se dice, esta subida tan elevada no ha podido ser correspondida con una subida proporcional en el número de facultativos de todas las especialidades –incluidos médicos de familia– que hayan podido hacer frente de una manera lógica a la alta demanda existente.
Esto es: todo el sistema está tensionado fruto de las cifras entre lo que hay que atender y las manos que hay para atender eso. De ahí, lógicamente, nacen cientos de posibilidades, caminos, recetas, errores, faltas de visión, aciertos, consensos, mejoras laborales, reivindicaciones y enfrentamientos.
Ahora parece que estamos en uno de ellos, con el Departamento más o menos enfrentado a varios servicios a costa de las listas de espera, las iniciativas para reducirlas y la publicación de una auditoria interna que ha levantado muchas ampollas.
El sistema como tal está, por tanto, erigido casi sobre alambres finos que en cualquier momento pueden desmoronarse si las posturas entre profesionales y dirigentes se enconan y no llegan a unos mínimos entendimientos. Hablamos de la mayor organización por número de trabajadores de Navarra, un escenario nada amable ahora mismo para ningún político o gestor sanitario. Sería más que conveniente que ambas partes aparquen las tensiones, asuman errores si los ha habido y se pongan a la de ya a buscar soluciones para hacer lo que esté en sus manos hacer.
