La convocatoria de una manifestación para el próximo día 3 de junio en favor de la bandera de Navarra y contra la derogación de la Ley de Símbolos ha levantado una polvareda. Era de esperar. La manifestación es un irrenunciable ejercicio democrático y tienen derecho a promoverla y/o apoyarla cuantas iniciativas ciudadanas y partidos políticos lo consideren oportuno. Incluso tienen derecho a protestar por el conjunto de la actividad política, económica o social del Gobierno de Uxue Barkos, siempre que se haga dentro de los cauces establecidos. Sin que esto signifique para quienes acudan o no a la manifestación comulgar o compartir las ideas de los convocantes en otros ámbitos.

El Gobierno y sus partidarios también pueden convocar otra manifestación en sentido contrario en las mismas condiciones. No tengo ninguna duda de que son afectos a la bandera de Navarra, la cual sigue en sus lugares habituales, y, naturalmente que les gustaría ver izada en no pocos municipios la ikurriña, algo que no puede sorprender a nadie. Otra cosa es que la ley se lo permita o no y que guste o disguste. La situación política es la derivada de una acuerdo cuatripartito ejercido tras el resultado de unas elecciones inimaginable unos pocos años antes.

Al final, con manifestaciones o sin ellas, todo desembocará en unos comicios donde -entonces, sí- cada persona puede recoger en un voto lo que dé positivo o negativo ha hecho el Gobierno de turno y la oposición por el bien de la sociedad. Lo demás son fuegos de artificio, imprescindibles en una democracia, pero las urnas son las que dictaminarán el futuro político de Navarra. Todo ello como consecuencia de tener una sociedad bipolarizada en el plano político, lo cual no deja de ser también algo natural en un régimen democrático. Como ha pasado en Francia con las elecciones presidenciales.