La Ley del Euskara 18/1986 dice para la zona mixta lo siguiente: "Todos los ciudadanos tienen derecho a usar tanto el euskera como el castellano para dirigirse a las Administraciones Públicas de Navarra.Para garantizar el ejercicio de este derecho, dichas administraciones podrán:a) Especificar en la oferta pública de empleo de cada año las plazas para acceder a las cuales sea preceptivo el conocimiento del euskera.b) Valorar como mérito el conocimiento del euskera en las convocatorias para el acceso a las demás plazas".El Ayuntamiento de Berrioplano utilizó ese poder y estableció perfil lingüístico de euskara en determinados puestos. Como consecuencia de un recurso de una persona de UPN, el Tribunal Administrativo de Navarra lo anuló en varios puestos: en los del secretario, interventor, aparejador, técnico de juventud y alguacil.En contra del recurso interpuesto por el Ayuntamiento, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha refrendado esa anulación del perfil lingüístico en esos puestos. Además, las costas del litigio las tendrá que pagar el Ayuntamiento.Según parece, esos puestos no son los adecuados para garantizar el uso del euskara. Según el juez, los que consigan esos puestos en el trabajo no se relacionarán con los ciudadanos y ciudadanas de Berrioplano ni una sola vez en los próximos 30 años, encerrados, en pleno confinamiento trabajarán, según esa previsión.La ley les da a las administraciones poder para determinar los puestos con perfil lingüístico, pero el juez lo que hace es quitarselo. De nuevo el reparto clásico de poderes lo han infringido. En lugar de aplicar la ley, se han colocado los jueces nuevamente por encima de los representantes elegidos democráticamente.Ya es hora de que reaccionemos las personas euskaldunas y euskaltzales, porque estamos en total desamparo ante los jueces y parece que no nos damos cuenta.
