arece que el tsunami que nos asola empieza a remitir y baja su virulencia. La situación comienza a estar más controlada, y se van divisando pistas que sirven de indicio para intuir la gran crisis económica que nos espera. Bastan dos números: una bajada del PIB entre el 10 y el 15%, un paro entre el 25 y el 30%. Entre estas cifras se encuentran la mayor parte de los estudios realizados hasta ahora. Sí: necesitamos ayuda. Es el momento de mirar a Europa.

Dos son los planes principales. Uno, el PEPP: programa de compras de emergencia frente a la pandemia. Está dotado, en teoría, con 750.000 millones de euros y vendría financiado por el BCE (Banco Central Europeo). Dos, el fondo de recuperación que están promoviendo Macron (Francia) y Merkel (Alemania). Dotado con 750.000 millones de euros, la idea es financiarlo con el presupuesto comunitario desde el año 2021 hasta 2027. Es decir, parece que las principales instituciones europeas están haciendo su trabajo. En todo caso, queda todavía mucha negociación pendiente. Algunas veces estas ideas quedan en titulares y posteriormente pasan al olvido. Ejemplo: los 200.000 millones de euros que el presidente Sánchez prometió movilizar al inicio de la crisis. ¿Dónde están?

Cualquier ayuda financiera plantea tres dudas. Uno, ¿es un préstamo o una subvención? En un momento inicial se planteó la segunda opción. Al menos, era una manera de evitar la mutualización de la deuda. Es decir, emitir bonos cubiertos conjuntamente por toda la Unión Europea. Se debe recordar que al mutualizar una deuda todos los Estados asumen los riesgos de forma conjunta, y es difícil que los países con cuentas más saneadas se arriesguen a cubrir los posibles impagos de los vecinos que llevan las cuentas peor. En la actualidad, se ha llegado a un acuerdo: 250.000 millones de euros en préstamos, el resto en transferencias.

Continuamos con las dudas. Dos: ese dinero, ¿cómo se reparte? Cada industria, cada región y cada comunidad social es un mundo. En una primera escala se reparten los fondos por países. España sería el segundo beneficiario, después de Italia. Parece que de momento recibiría 140.000 millones de euros en total, de los que 77.000 millones de euros serían en transferencias y el resto en préstamos. No obstante, estas cifras cambian de un día para otro. Hasta que no se firma el acuerdo definitivo, todo es posible. Nada está firmado hasta que todo está firmado.

Bien, supongamos que llega el dinero. Aquí las dudas son inmensas: ¿cómo administrarlo? ¿Ayudamos a industrias estratégicas, como ha hecho Macron en Francia con el automóvil? ¿Nos preocupamos de los campeones nacionales, como Alemania con Lufhtansa? ¿Damos cheques a las personas para que puedan cubrir, en teoría, sus necesidades como ha hecho Trump (por cierto, el mismo presidente norteamericano era el encargado de firmarlos) en Estados Unidos? Es muy complejo. Aunque sea una evidencia, no podemos dejar de recordarlo: se exige una transparencia total en todos los gastos públicos.

De hecho, es muy difícil clasificarlos en orden de prioridad. Vamos a buscar algún criterio. En economía, un gasto es un multiplicador si genera un efecto dominó que genera más y más movimiento de dinero. Lo ideal sería que los impuestos recaudados gracias al dominó cubriesen el gasto inicial. El mayor éxito en España: el plan PIVE de ayuda a las ventas de coches.

Con esta idea, ya podemos establecer un orden. Primero, necesidades sociales. Importante: para evitar estafas de contribuyentes al Estado es fundamental imponer multas siderales a todos aquellos que busquen aprovecharse del sistema de ayudas. Segundo, industrias fundamentales con un gran multiplicador. La triste noticia del cierre de Nissan en Zona Franca afecta 3.000 puestos directos y casi 30.000 indirectos. Tercero, todo lo demás. Los fondos nunca deben ir a parar a personas o entidades que los vayan a dejar en su caja fuerte. Lo recordamos: necesidades sociales, efecto multiplicador. Siempre, el sistema sanitario.

Tercera duda, ¿qué condiciones se deben exigir a los agentes económicos que reciban ayudas? Dar subvenciones a fondo perdido es peligroso: no se mandan a los agentes económicos los incentivos adecuados. La razón es simple, si alguien sabe que si le va mal le va a cubrir una entidad superior (esta idea va desde un hijo derrochador que tira el dinero sabiendo que sus padres siempre están ahí hasta un país que pertenece a una entidad supranacional) se toma las consecuencias de sus decisiones más a la ligera. Eso, en economía, tiene un nombre: riesgo moral.

Por tanto, está claro el riesgo que supone dar algo a cambio de nada. En un préstamo se debe pagar un interés. Una transferencia, sin embargo, debe tener unas condiciones concretas.

¿Fondo de recuperación? Sí. Es imprescindible. Pero no es sólo es el dinero. Es qué se hace con él, qué se pide como condición, cómo se financia.

Autor de 'Ideas de Economía de la Conducta' (Behavior & Law Ediciones), UNED de Tudela