Quiero referir lo obvio: cuando se defrauda a la Hacienda pública, se roba a los españoles.

Los padres de la Constitución, al redactar el artículo 56.3, que trata de la inviolabilidad del Rey, lo hicieron pensando en el normal desempeño de sus funciones. Ninguno imaginó, ni por asomo, que si el Rey decidía asesinar a un súbdito o desvalijar un banco, quedase libre de culpa. A esto se le llama espíritu de la ley. Deducir otra cosa es subjetivo. Es más, Juan Carlos I, en el ejercicio de su cargo, afirmó que “la ley es igual para todos”.

Si la ley es igual para todos, sin distinciones debería, si hubiere presunción de delito, poder investigar y enjuiciar lo acaecido en cualquier momento. Porque si solo puede hacerlo a partir de la abdicación, la justicia no es total, ni integral, sino parcial por ser excepcional. Y si una justicia está atrofiada, al estar mutilada, no es nada, ya que la justicia es, o no es, pero no puede ser a medias, es decir, a partir de 2014. Eso se llama impunidad.